La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 101 de autoría del senador, Carmelo Ríos en la Ley 105-2026, una medida dirigida a fortalecer la transparencia y proteger la integridad de los procesos democráticos mediante la regulación del uso de inteligencia artificial en las comunicaciones electorales. La legislación requiere que toda propaganda, anuncio o comunicación electoral generada o alterada, parcial o totalmente, mediante sistemas de inteligencia artificial incluya una divulgación clara y visible que así lo indique.

La nueva ley enmienda la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico y el Código Electoral de Puerto Rico para incorporar definiciones relacionadas con la inteligencia artificial y establecer requisitos específicos de divulgación en anuncios políticos difundidos por radio, televisión, internet y otros medios de comunicación.

“La tecnología continúa transformando la manera en que nos comunicamos y participamos en la vida pública. Esta legislación busca garantizar que los ciudadanos cuenten con información clara y transparente para evaluar el contenido que reciben, particularmente durante los procesos electorales”, expresó la gobernadora.

La Ley 105-2026 define la inteligencia artificial como sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, incluyendo tecnologías de inteligencia artificial generativa capaces de producir texto, imágenes, audio, video y otros contenidos digitales. Asimismo, reconoce los riesgos asociados a la difusión de información falsa o engañosa mediante herramientas tecnológicas avanzadas y establece mecanismos para que los electores conozcan el origen del contenido político que consumen.

La medida responde al crecimiento acelerado de herramientas capaces de crear contenido digital altamente realista y busca atender los desafíos que estas tecnologías representan para la transparencia electoral, la confianza pública y el combate contra la desinformación.

Asimismo, la primera ejecutiva convirtió en ley el Proyecto del Senado 209 de la senadora Nitza Morán, ahora Ley 106-2026, una medida que fortalece la estructura de desarrollo de la fuerza laboral en Puerto Rico, actualiza la legislación vigente conforme a la normativa federal y oficializa el nombre de “Conexión Laboral” para el programa adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
La nueva ley enmienda varias disposiciones de la Ley 171-2014 con el propósito de modernizar el sistema de desarrollo laboral de Puerto Rico, armonizarlo con la Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) y reforzar la coordinación entre el gobierno, el sector privado, las organizaciones laborales y los municipios para atender las necesidades del mercado laboral actual.

“Esta legislación fortalece las herramientas con las que contamos para conectar a nuestra gente con oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo profesional. Continuamos impulsando iniciativas que permitan a los trabajadores adquirir nuevas destrezas y a los patronos contar con el talento necesario para competir y crecer”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.

La legislación fortalece la participación del sector privado en la formulación de estrategias de desarrollo de la fuerza laboral y promueve una mayor coordinación interagencial. La medida se integra a las acciones del Gobierno de Puerto Rico para la creación de oportunidades para jóvenes, adultos, trabajadores desplazados y poblaciones con barreras para integrarse al mercado laboral.

Por último, la gobernadora firmó la Ley 107-2026, también de autoría de la senadora, Nitza Morán, una medida que fortalece y extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 los incentivos contributivos establecidos bajo la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras, con el propósito de continuar promoviendo la recuperación económica, la rehabilitación de estructuras y la creación de empleos en esta importante comunidad de la capital.

“Con esta legislación seguimos impulsando la transformación y el desarrollo sostenible de Río Piedras. Creando las condiciones necesarias para atraer inversión, fortalecer el comercio local, rehabilitar propiedades y generar nuevas oportunidades económicas para residentes y comerciantes”, expresó González Colón.

Entre las disposiciones principales de la ley se encuentran la extensión de diversos incentivos contributivos relacionados con la rehabilitación de propiedades, nuevas construcciones y el establecimiento de negocios en la zona especial de planificación de Río Piedras. Además, se mantienen incentivos dirigidos a fomentar la creación de empleos y actividades culturales y comerciales que contribuyan al desarrollo económico del área.

La medida también incorpora nuevas disposiciones para fortalecer la participación comunitaria en el proceso de desarrollo económico. Como parte de estos esfuerzos, los negocios e industrias que se beneficien de la ley deberán recibir orientación anual sobre la importancia de la integración comunitaria y el papel de las organizaciones comunitarias en el desarrollo de Río Piedras.

Asimismo, la legislación dispone que los empleados públicos encargados de evaluar, aprobar o denegar solicitudes de incentivos reciban capacitaciones periódicas para garantizar una aplicación uniforme y eficiente de la ley, además de establecer mecanismos que agilicen el proceso de otorgación de beneficios.