Durante una vista pública de la Comisión de Nombramientos, la designada administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Terilyn Sastre Fuente, no pudo contestar preguntas de los senadores en torno a la Ley Orgánica y Manuales de Procedimiento de la agencia, ni sobre las Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico.
En su turno de preguntas, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, cuestionó a la nominada sobre su falta de respuestas a las preguntas que se le realizaron durante su vista de confirmación. La senadora preguntó a la nominada si sabía cada cuánto tiempo se podía solicitar una revisión o modificación de pensión establecida y por cuáles razones. “Tendría que buscarlo, no estoy al tanto de eso ahora mismo”, contestó Sastre Fuente.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Gretchen Hau, indicó en un aparte con los medios que “me hubiese gustado tener más respuestas a las preguntas. Ciertamente ella hizo una salvedad de que estará tramitando la información, pero eso no debe ser causa para uno ser pro activo en hacer las averiguaciones pertinentes, mucho más cuando tu estás bajo una evaluación del Senado donde a nosotros nos tiene que poner en posición de poder saber si pueden cumplir con el puesto o no”.
Al inicio de su ponencia, Sastre Fuentes, quien todavía no está en funciones, aseguró a los miembros de la comisión que como parte de su plan de trabajo está el devolver la confianza en la agencia.
“Como parte del plan de trabajo para los próximos años está el devolver la confianza del pueblo en la ASUME, algo que es más fácil decir que ejecutar. No obstante, hemos trazado unas estrategias a corto, mediano y largo plazo para que sirvan de guía en este proceso alineados al Plan Estratégico 2019-2025”, mencionó Sastre Fuente.
Asimismo, la nominada indicó que se asegurará que las pensiones alimentarias lleguen lo más ágil posible a los menores que la necesitan. Para esto, explicó que la ASUME ya está viabilizando el pago de las pensiones alimentarias a través de los cajeros automáticos del Banco Popular de Puerto Rico. “Con esta alianza, los pagos se pueden realizar de manera rápida, sencilla, a toda hora y sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria”, dijo.
De otro lado, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, preguntó a la designada sobre las tablas de las guías de pensión alimentarias. Sastre Fuente respondió que las tablas que se están utilizando ahora son del 2014. “Se supone que cada 4 años se revisen esas tablas creo que deberían ser unas más justas para ambas partes”, indicó la nominada.
La designada añadió que actualmente ASUME tiene 88 oficinas locales y 10 regionales. “Lamentablemente asume tenía más de 700 empleados y ahora tiene 400 aproximadamente. Ahora si un empleado se retira o se muerte se congela ese puesto. Los contratos de servicios profesionales no son muchos. Tendríamos que eliminar algunos contratos y abrir plazas” recalcó Sastre al añadir que se necesitan abrir plazas. Sastre Fuente explicó que actualmente ASUME no cuenta con un Director de Finanzas desde hace tres años. Por eso fue enfática en la necesidad de abrir plazas.
También, para la designada la agencia debe enfocarse en agilizar los casos de deudores y deudoras morosos de pensiones; iniciativas tales como planes de pago, referidos ágiles en casos de desacato a los tribunales, y archivo de casos por mayoridad. En estos últimos casos la licenciada propone que a esos jóvenes que ya no recibirán asistencia de la ASUME por llegar a su mayoría de edad, deben recibir orientación y dirección coordinada con el Departamento de la Familia (DF) y la Administración de los Tribunales para que pudieran en el próximo foro (judicial) continuar con sus reclamos alimentarios de entenderlo así necesario.
Además, entre la información brindada por Sastre Fuente que llamo la atención, está el que hay un total de 13,748 patronos que están en incumplimiento con ASUME, esto porque aun cuando le retienen a la persona el pago de la pensión no lo envían a la agencia. Situación que el senador Juan Zaragoza catalogó de inaceptable y lo comparó con aquellos establecimientos que le cobran el IVU a sus clientes y no lo pagan al Departamento de Hacienda.