La Comisión de lo Jurídico que preside el senador Ángel Toledo López, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 712, que propone enmendar las Reglas de Procedimiento Civil para incorporar el derecho a juicio por jurado en casos civiles de responsabilidad extracontractual, cuando la reclamación exceda los $100 mil.

La senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, autora de la medida, expresó que por lo escuchado en las ponencias hay más preocupación por el costo que por lo que se va a hacer en los tribunales. “No estamos inventando la rueda, todos conocen la Séptima Enmienda de la Constitución, que esto se cobija en tribunales federales o sea que no estamos inventando la rueda. Siempre va a haber una resistencia a los cambios. Yo creo que es el momento de mover a Puerto Rico hacia esos nuevos cambios de oportunidades que se dan en otras jurisdicciones en los Estados Unidos, ya que prácticamente hay cinco Estados que llevan esto a cabo sin ninguna controversia… No nos estamos moviendo a un sistema de tribunal de vanguardia”, destacó Moran, añadiendo que el proyecto está abierto a enmiendas.

Compareció a deponer la licenciada Tanya García en representación del Departamento de Justicia (DJ) quien presentó un análisis jurisprudencial. “Como mencionamos, en nuestra Constitución se garantiza el derecho a juicio por jurado en los procesos criminales por delito grave, no así en los juicios civiles. De igual forma, al presente no se ha incorporado a los Estados el derecho consagrado en la Séptima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que sí garantiza que se preserve el derecho a los juicios por jurado «in suits at common law» ya que no se considera un derecho fundamental. No obstante, como explicamos, esto no impide a los estados regular estos procesos”.

En iguales términos, García mencionó que actualmente se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición de certiorari para que se determine si el derecho a juicio por jurado en casos civiles constituye un derecho fundamental que deba ser incorporado a los Estados.

“Dada la relevancia de este pronunciamiento y las posibles implicaciones para la jurisdicción de Puerto Rico, consideramos imperativo esperar la decisión del Tribunal Supremo antes de adoptar cualquier medida adicional, de manera que nuestras acciones se ajusten plenamente a la interpretación que se establezca a nivel federal y se garantice la coherencia con los principios constitucionales aplicables”, explicó la deponente del DJ.

Toledo preguntó qué requerimiento debe haber para que se implemente un modelo como este de juicio por jurado en casos civiles desde la perspectiva del DJ. La deponente mencionó que “muchos de los tratadistas que yo examiné y revistas jurídicas dicen, bueno, los Estados pudieran implementar esto enmendando sus constituciones o por legislación. Le competiría hacerlo a la Asamblea Legislativa”. Añadió que el caso en el Tribunal Supremo aún está bajo evaluación de los jueces.

Igualmente, se presentaron las licenciadas Giselle Rosa González y Mónica Hernández, quienes mostraron reservas con la medida como está redactada. “Resulta preocupante que, pese a la magnitud del impacto operativo y presupuestario que conllevaría su implementación -incluyendo la necesidad de infraestructura física, reclutamiento de personal adicional, reestructuración de la normativa vigente y la capacitación de la comunidad jurídica y la ciudadanía, la medida legislativa no contempla la asignación de fondos al presupuesto del Poder Judicial para subvencionar dichos costos”, señaló González.

A la vez, la deponente sostuvo que se pretende trasladar la carga económica a las partes litigantes, lo que podría afectar el acceso a la justicia y comprometer la equidad procesal. “En ese sentido, reiteramos la necesidad de evaluar con detenimiento los recursos requeridos para su viabilidad y sostenibilidad fiscal”.

Además, González mostró preocupación con el reclutamiento del jurado. “La incorporación del derecho a juicio por jurado en los casos civiles de daños y perjuicios tendría como consecuencia directa un aumento en la cantidad de personas a ser llamadas a servir como jurado. Ello a pesar de que, por distintas razones, ya existen dificultades al momento de formar los jurados que entienden en casos penales conforme a la normativa vigente, toda vez que hay factores que limitan la disponibilidad de personas para fungir como jurados”.

A preguntas de Toledo sobre los cambios González dijo que sería necesario habilitar todas las salas con los equipos, también de monitores para viabilizar la videoconferencia o la celebración de juicios de manera híbrida, que haya personas presentes presencialmente en el tribunal y otras que comparezcan por videoconferencia, pues los jurados también tienen que tener sus monitores para examinar la prueba en salas y después en el salón de deliberación.

De igual manera, se presentaron ante la Comisión las licenciadas Nereida Cortés y Migdalia Fraticelli en representación de la Comisión Civil del Colegio de Abogados y Abogadas. Fraticelli indicó que rechazan la medida como está redactada. “Tal como está redactado, el P. del S. 712 no muestra que la implantación de la figura de jurado para una categoría particular de casos civiles aporte en modo alguno a un verdadero fortalecimiento de la transparencia, legitimidad y confianza pública en el sistema judicial”.

Asimismo, Fraticelli indicó que “no hay nada nuevo ni excepcional que un jurado pueda aportar en un caso civil. Por el contrario, complicará, retrasará y aumentará injustamente el costo de la litigación de los casos”. Añadió que entonces sería necesario revisar todas las reglas de Procedimiento Civil.

Igualmente, Cortés expresó sobre un jurado en casos civiles, que si no pudiesen entender la complejidad del caso y resolver como el derecho vigente, “el jurado no va a poder tomar en cuenta esos criterios de valoración, esas guías que se han dado, aunque se expliquen con unas instrucciones particulares. Así que van a ser sentencias que difícilmente van a poder ser ejecutadas porque los demandados no las van a poder pagar”.

Toledo preguntó por qué entienden que la tradición jurídica en Estados Unidos no trajo a Puerto Rico el jurado en casos civiles porque hay estados que lo tienen y hay otros que no. Fraticelli indicó que nunca se vio una necesidad en ese aspecto. “En el caso particular de la tradición civilista, los jueces tienen que conocer el derecho porque la norma está escrita. Ese sistema positivo de que el derecho ya está plasmado de una manera particular, con unas palabras particulares, con un alcance de contenido particular requiere que el que estaba llamado a aplicar el derecho lo conociera… Eso lo hacen los jueces y lo hacen muy bien y está demostrado que lo hacen rápidamente. Incluso fomentando transacciones entre las partes. Por qué vamos a introducir un elemento que lo que va a hacer es complicar la litigación civil”, abundó.

De otra parte, asistió a deponer el Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, quien mostró reservas con el proyecto. “Consideramos que la medida no constituye un remedio conveniente, ni necesario para nuestro sistema judicial, puesto que trae consigo retos significativos en términos de acceso, costos y logística judicial, que en su implementación pudiese generar inequidades y sobrecargas administrativas”, dijo García.

El deponente mencionó como ejemplo los juicios por jurados que a la fecha están en curso en nuestros tribunales demuestran que los jurados en dichos procesos suelen prolongar innecesariamente los juicios. “Multiplicando así las controversias incidentales y encareciendo el litigio, en un sistema judicial ya sobrecargado, con calendarios saturados y limitados de recursos administrativos. La implementación de juicios civiles por jurado sería un factor que acentuaría la dilación en la resolución de casos y comprometería la eficiencia de nuestro sistema