El 8 de septiembre de 2026, Alexander Ortiz-Robles, empleado del Departamento de Hacienda de Puerto Rico (PRDT, por sus siglas en inglés), fue acusado formalmente y se declaró culpable de participar en una conspiración de soborno que resultó en la pérdida de aproximadamente $6,772,578 en ingresos fiscales de Puerto Rico, en violación del artículo 371 del título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 371).

La sentencia de Ortiz-Robles está programada para dictarse ante la jueza federal de distrito Gina R. Méndez-Miró el 15 de enero de 2027. Este es el tercer empleado del PRDT que se declara culpable, en los últimos tres meses, de participar en un esquema de soborno o fraude. Junto con numerosos “gestores”, particulares y empresas acusadas que también se declararon culpables, la pérdida total de ingresos fiscales de Puerto Rico relacionada con estos esquemas supera los $14 millones.

Según el acuerdo de culpabilidad en el caso de Alexander Ortiz-Robles, este admitió haber recibido pagos de sobornos para eliminar deudas contributivas de Puerto Rico correspondientes a diversas personas y empresas. Desde junio de 2020 hasta octubre de 2025, Alexander Ortiz-Robles fue empleado y agente del PRDT, con funciones que incluían el acceso y la revisión —tanto física como electrónica— de declaraciones de impuestos y documentos relacionados con la facturación y el cobro de contribuciones adeudadas.

El acusado tenía acceso privilegiado a las plataformas en línea del PRDT —el Sistema Integrado de Administración de Contribuciones de Puerto Rico (PRITAS) y el Sistema Unificado de Rentas Internas (GenTax/SURI)— y contaba con la experiencia y capacidad para acceder, monitorear y modificar información de los contribuyentes, incluida la creación de créditos contributivos y la modificación de datos relacionados con impuestos sobre ingresos, retenciones de empleados e impuestos sobre ventas.

Como parte de la conspiración, Ortiz-Robles aceptó de manera corrupta pagos de sobornos y otros beneficios a cambio de presentar información falsa al PRDT. Dicha información se remitía con el fin de eliminar deudas contributivas, evadir impuestos y sustraer fondos.

Los pagos de sobornos recibidos por Ortiz-Robles incluyeron $15,500 en julio de 2022, $20,000 en diciembre de 2023, $60,000 en noviembre de 2024 y $6,000 en abril de 2025.

Estos pagos ilícitos se realizaron a través de terceros que se dedicaban a cobrar a clientes por reducir ilegalmente los impuestos que estos adeudaban. La conspiración resultó en una pérdida total aproximada de $6,772,578 para el PRDT.

En octubre de 2025 se presentó una acusación formal relacionada con otro esquema similar de soborno y fraude (Causa Penal Núm. 25-434(PAD)), en el que participaban empleados del PRDT. Los acusados en dicho caso se declararon culpables recientemente y están a la espera de ser sentenciados por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Pedro A. Delgado.

Ese caso implica una pérdida total superior a los $3.5 millones, con algunos individuos responsables solidariamente de las pérdidas junto con las empresas correspondientes.

En otro caso separado, el caso penal Núm. 26-359 (MAJ), Edwin Gómez-Villegas y Brisas BBQ, Inc. se declararon culpables el 2 de septiembre de 2026 de participar en un esquema de fraude similar para defraudar al PRDT por aproximadamente $23,904 en ingresos fiscales de Puerto Rico.

La sentencia de Gómez-Villegas y Brisas BBQ, Inc. está programada para el 3 de diciembre de 2026 ante la jueza de distrito de los Estados Unidos María Antongiorgi-Jordán.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó, y Carlos R. Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga estos casos.