(CyberNews) – El Departamento de Justicia refirió el viernes a los doctores del panel médico de Physician Correctional y a empleadas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tras concluir la investigación sobre la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez.
“Se recomienda referir a la doctora Deborah Arús Rosado, la doctora Gladys Quiles Santiago, y a los doctores Cristóbal Antrón Ávila, Pedro Pérez Arindell y Jeffrey González Morales a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico”, detalla el informe de 255 páginas emitido por Justicia.
Según el informe, los médicos podrían haber incumplido con las prácticas establecidas por la profesión al evaluar la solicitud de pase extendido por condición de salud presentada por Ávila Vázquez, quien fue excarcelado al amparo de la Ley 25-1992 sin padecer una enfermedad terminal.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, indicó que “si bien es cierto que la conducta identificada no es constitutiva de delito, debía ser evaluada por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica ante el posible incumplimiento con las prácticas establecidas”.
Asimismo, la investigación señaló a empleadas del DCR por omisión en sus funciones. “Las funcionarias Celia Cosme Márquez, exdirectora de los Programas de Desvío del DCR, y Julissa Beauchamp Ríos, técnica sociopenal a cargo de la supervisión de Ávila Vázquez, fueron negligentes en el cumplimiento de sus deberes”, concluye el informe. También se mencionó a Virgen Oquendo Camacho, entonces enfermera del DCR que tuvo una relación de pareja con el convicto.
El informe recomienda que la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, tome acciones disciplinarias contra estos funcionarios y remedie la ausencia de reglamentación consistente con la Ley 25-1992.
En cuanto a las alegaciones de Ávila Vázquez, las fiscales Elba Acevedo Pérez y Lucille Marqués Pacheco concluyeron que sus versiones presentan “incongruencias insalvables” y fueron desmentidas por sus propios testimonios y la evidencia recopilada. “La evidencia no establece que el convicto Ávila Vázquez fuese ayudado para fingir su estado de salud, según alegado por este”, señala el informe.
Ávila Vázquez había afirmado que médicos le inyectaron sustancias para simular paraplejia y facilitar su excarcelación, pero los investigadores determinaron que estas afirmaciones no son verídicas. Además, personas que el convicto indicó podrían confirmar que caminaba lo desmintieron.
El convicto continúa siendo paciente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y de la Clínica de Paraplejia, y según el fisiatra Eduardo Nadal Ortiz, “cumple con la triada de caer bajo el diagnóstico de paraplejia”.
Las fiscales determinaron que, aunque la conducta de los funcionarios y médicos es reprochable, no es suficiente para un procesamiento criminal. No obstante, hicieron el referido a la Junta Médica y recomendaron acciones disciplinarias por parte del DCR.