La Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia presentó cargos hoy contra Carlos M. Soto Rodríguez, de 35 años, imputado de realizar miles de llamadas falsas al Sistema de Emergencias 9-1-1. Así lo informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La fiscal Naydik Ramos Montesinos, directora de la UICC, formuló siete cargos contra Soto Rodríguez en virtud del artículo 239 del Código Penal de Puerto Rico, que establece una pena de tres años de cárcel a quien realice llamadas telefónicas falsas a un sistema de emergencia.
Durante los meses de enero hasta agosto de este año, Soto Rodríguez realizó miles de llamadas falsas al Sistema de Emergencias 9-1-1, sin reportar una emergencia real. El imputado profería palabras obscenas y realizaba bromas a los telecomunicadores, según confirmó la investigación del agente del Negociado de la Policía, Omar Santos González, junto a las examinadoras forenses de la UICC del Departamento de Justicia, Elyaxid Gueváres e Ignerí Negrón.
“El mal uso del sistema de emergencia puede tener consecuencias fatales. Por ello, el Departamento de Justicia investiga y procesa con rigor este tipo de delitos que no puede pasarse por alto. Nuestra Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos cuenta con la tecnología y los mecanismos para identificar a quienes abusan de este servicio arriesgando la vida de los demás”, puntualizó el secretario de Justicia.
Por su parte, el comisionado del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, Manuel González Azcuy, sostuvo que “la respuesta ante las emergencias comienza en el Sistema de Emergencia 9-1-1. Por tanto, lamentamos profundamente tener que acudir a las instancias judiciales por el indebido uso de nuestra línea de emergencia 9-1-1. Es imperativo que nuestro pueblo comprenda que una llamada falsa o con intención de broma puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de algún ciudadano. Hacemos un llamado a la responsabilidad y al respeto por aquellos que realmente necesitan de este servicio. No permitamos que la imprudencia de unos pocos comprometa el bienestar de muchos”.
La jueza Karem Álvarez Echeandía encontró causa para arresto por todos los cargos presentados por la Fiscalía contra Soto Rodríguez y le impuso una fianza de $3,500. La defensa se allanó a la determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 7 de noviembre.
