El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez y la presidenta del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), Carmen Ana González Magaz, anunciaron el jueves, el Protocolo Intergubernamental para coordinar la respuesta, orientación e intercambio de información para la atención de personas sobrevivientes de violencia de género en situaciones de violencia doméstica.
“Como parte de los trabajos de cumplimiento con la Orden Ejecutiva, las agencias del Ejecutivo, el Poder Judicial, múltiples organizaciones no gubernamentales, y el Comité PARE, colaboraron durante varios meses revisando el único protocolo intergubernamental que suscribe al Poder Judicial y a las agencias del Gobierno de Puerto Rico referente a este tema. La misión de esta iniciativa es coordinar la respuesta, orientación e intercambio de información para la atención de personas sobrevivientes de violencia de género por parte de todos los componentes del gobierno junto al poder judicial. Hoy como gobierno, reiteramos nuestra adhesión a esos compromisos con la firma del Protocolo Intergubernamental. Esto representa un gran logro colaborativo de todo el componente social y jurídico del Gobierno de Puerto Rico trabajando a favor de las víctimas sobrevivientes de violencia de género”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.
El Protocolo está vigente desde el 2013, pero no se había culminado su revisión y actualización para lograr la atención integral y colaborativa en los casos de violencia de género. Esta actualización procura que el sistema de justicia y las entidades gubernamentales atiendan con prontitud, sensibilidad y de manera coordinada e integrada la intervención y atención de las víctimas de violencia doméstica.
El Protocolo Intergubernamental es un proyecto conjunto y multisectorial que integró a agencias del Gobierno, el Poder Judicial, el Comité PARE y organizaciones no gubernamentales. Mediante mesas de trabajo se lograron medidas encaminadas a implementar y dar seguimiento a la orientación e información asertiva y oportuna a las personas sobrevivientes de violencia de género sobre los servicios, sus derechos y el proceso judicial que enfrentarán. A su vez, se cimentaron los enlaces para el intercambio efectivo de información entre los componentes del sistema de justicia para una identificación, prevención, intervención y respuesta efectiva.
Por su parte, la jueza presidenta Oronoz Rodríguez destacó que “hoy no sólo debemos firmar este protocolo actualizado sino asumir un nuevo compromiso con el acceso a la justicia: procurando simplificar los procesos entre los componentes del sistema de justicia para coordinar el intercambio de información y orientando a las víctimas de violencia doméstica para que accedan de forma inmediata a los servicios disponibles. Debemos establecer una pauta unificada en todas nuestras instituciones. Es decir, que no importa a qué institución se acerque una mujer que ha sido víctima de violencia, la situación deberá manejarse con un mismo norte: una intervención pronta, sensible y de manera coordinada e integrada. Este es el corazón del protocolo que hoy se firma”.
Mientras, González Magaz indicó que “el modelo de atención integrado y de servicios centrados en la persona sobreviviente de la violencia doméstica responde a las necesidades individualizadas de cada persona. La comunicación, capacitación y conocimiento como servidores públicos para atender la violencia de género, son un compromiso para con las personas sobrevivientes de la violencia doméstica e integrar las diversas interseccionalidades, como lo es el maltrato a menores”.
Lineamientos del Protocolo Intergubernamental
El Protocolo Intergubernamental establece los lineamientos con relación a la prevención, intervención y respuesta a las personas que experimentan o han experimentado la violencia de género en situaciones de violencia doméstica, para alcanzar una serie de objetivos, entre estos:
- Establecer un modelo de abordaje comprensivo de las situaciones de violencia de género y de la metodología de atención y provisión de servicios que cada entidad procurará seguir al intervenir con las personas sobrevivientes en las diversas etapas del proceso.
- Procurar que las agencias gubernamentales concernidas y el Poder Judicial provean una respuesta efectiva y adecuada que facilite la atención que se brinda a las personas sobrevivientes, en un entorno libre de discriminación de todo tipo y enfocada en las situaciones particulares de cada persona.
- Propulsar que las personas sobrevivientes obtengan acceso a la justicia al conocer sus derechos y exigirlos efectivamente.
- Procurará que cada entidad provea oportunamente la orientación e información necesaria para que las personas sobrevivientes puedan tomar decisiones informadas durante todas las etapas de los procesos de naturaleza civil o criminal.
- Procurará que las entidades conozcan y ofrezcan orientación e información precisa sobre los servicios disponibles en organizaciones no gubernamentales y a nivel gubernamental.
En lo concerniente al intercambio de información, el Protocolo Intergubernamental dispone las guías generales para la coordinación, de conformidad con la reglamentación interna de cada entidad signataria, el acopio, así como la distribución ágil y efectiva de la información, sobre las personas sobrevivientes que permita la adecuada notificación de los procesos y el seguimiento de los casos. Todo ello, salvaguardando la confidencialidad de la información.
El Protocolo tiene como entidades signatarias a la jueza presidenta Oronoz Rodríguez y a la también secretaria del Departamento de la Familia González Magaz. De igual forma, a los secretarios de los Departamentos de Justicia, Salud, Seguridad Pública (DSP) y Corrección (DCR), Domingo Emanuelli Hernández, Carlos Mellado López, Alexis Torres Ríos y Ana Escobar Pabón, respectivamente. También, forman parte el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa; la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo y la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Aixa Pérez Mink.
Otro aspecto medular del Protocolo Intergubernamental es la descripción de varios pilares para la atención integral y multisectorial entre estos los principios de acceso a la justicia, respeto y sensibilidad, de información y orientación y de colaboración interdisciplinaria. Asimismo, se enfoca en la prestación de servicios centrados en la persona sobreviviente y dispone sobre los aspectos base para la colaboración intergubernamental en las áreas de salud física y mental. Inclusive, el Protocolo considera la atención coordinada de situaciones de violencia sexual y maltrato de menores en el contexto de la violencia doméstica.
Como parte de las herramientas de monitoreo y seguimiento a la implementación en la práctica de los lineamientos y deberes del Protocolo Intergubernamental, incluye la responsabilidad de las agencias signatarias de contar con un sistema de atención de quejas y agravios accesible a las víctimas. Uno de los nuevos aspectos incluidos es la institución de un Comité Intergubernamental, para mantener la mesa de evaluación y trabajo para la implementación del Protocolo, con una convocatoria semestral por parte del Poder Judicial y el Departamento de Justicia, y la capacitación del personal dirigida a la eficiencia y efectividad del sistema de justicia en la prevención, apoyo, rescate y educación para combatir la violencia de género.
Durante el anuncio, que se hizo en el Antiguo Casino de Puerto Rico, se presentó una exposición audiovisual que explica los ejes de atención y el flujograma de servicios enfocados en atender la violencia de género en las agencias del Gobierno y el Poder Judicial.