Una medida legislativa que propone imponer un seguro de responsabilidad obligatorio para embarcaciones de motor recibió reservas por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) y otras entidades gubernamentales durante una vista pública en el Capitolio.

El Proyecto de la Cámara 1156, impulsado por el representante Jorge Navarro Suárez y de la autoría conjunta del presidente cameral Carlos Méndez Núñez, busca establecer una cubierta básica de responsabilidad pública a un costo “razonable y uniforme” para las embarcaciones.

La medida dispone que ninguna embarcación podrá renovar su registro o navegar sin contar con la póliza requerida.

Según el proyecto, la cubierta excluiría daños ocasionados por actos de negligencia crasa, como operar bajo los efectos del alcohol.

“Hoy día, ni el gobierno, ni la propia industria saben con certeza cuántas embarcaciones en Puerto Rico están aseguradas”, expresó Navarro Suárez durante la vista pública.

Sin embargo, la comisionada de Seguros, Suzette Del Valle, recomendó realizar un estudio actuarial para determinar la prima adecuada y evaluar si la ASC cuenta con capacidad operacional y financiera para manejar este tipo de riesgo.

“Estos elementos son esenciales para que el modelo propuesto sea operacionalmente viable, financieramente sostenible y compatible con la infraestructura existente de la ASC”, sostuvo.

La presidenta de la ASC, Nereida Carrero, coincidió con los señalamientos y advirtió que la cubierta propuesta sería más amplia y compleja que el seguro compulsorio de vehículos.

Carrero señaló que incluir límites de hasta $100 mil para remoción de naufragios, además de daños ambientales y lesiones físicas, representa una exposición económica considerable.

“Es importante notar que los altos límites y tipos de cubiertas que se incluyen en la medida posiblemente requieran una prima tan elevada que haga inviable la adquisición y cumplimiento de ley”, afirmó.

Durante la discusión legislativa también se evaluó el Proyecto de la Cámara 787, presentado por el representante José Aponte Hernández, que persigue el mismo objetivo e incluiría motocicletas acuáticas, balsas de motor, veleros y otras embarcaciones.

“Entendemos que hay que crear discusión sobre el asunto. Es, creo, tan importante como fue hace 26 años atrás el crear una ley que brinde algún tipo de protección para los que tienen embarcaciones”, indicó Aponte Hernández.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reconoció la intención de ambas medidas, aunque recomendó aclarar las definiciones de embarcaciones y las aseguradoras que participarían del programa.

Según datos ofrecidos por el comisionado de Navegación del DRNA, en Puerto Rico hay unas 90 mil embarcaciones registradas.

Navarro Suárez sostuvo además que estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos reflejaron 3,887 accidentes de embarcaciones y 556 muertes durante 2024, incluyendo incidentes en Puerto Rico.

La Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), por su parte, rechazó la aprobación de la medida.