La senadora por Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve propuso el martes, una medida para investigar la viabilidad de establecer una jornada laboral de cuatro días.
“En tiempo reciente, en Puerto Rico, mediante la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” del 26 de enero de 2017, se incorporó la figura del itinerario de trabajo semanal alterno para permitir que los empleados no exentos pudieran, en común acuerdo con sus patronos, trabajar las cuarenta (40) horas semanales en cuatro (4) días, a razón de diez (10) horas por día. Mientras esto ocurre en Puerto Rico, en otros países se han establecido, de forma experimental o permanente, jornadas de trabajo de menos días, pero también de menos horas. Ante los nuevos retos laborales experimentados durante la pandemia del Covid-19 y que forzaron una transformación súbita hacia la modalidad del trabajo remoto, propongo que analicemos nuevas alternativas de jornada laboral que nos permitan seguir incorporando la flexibilidad en nuestras relaciones de trabajo. Esto, con miras no solo a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino, además, la productividad de las empresas”, indicó Rodríguez Veve en declaraciones escritas.
Explicó que empresas que han incorporado estas transformaciones laborales en países como Japón, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, España y Estados Unidos han: a) visto un aumento en su rentabilidad b) mejorado la retención de los empleados y reducido el desgaste de estos; c) representado una reducción en los costos de oficina y facilidades, y d) ampliado la cantidad de personas disponibles y dispuestas a ser empleadas. Por otro lado, los trabajadores se han beneficiado al tener más tiempo para conciliar la vida laboral con la personal, disponiendo de más tiempo para compartir con sus familiares y seres queridos, desarrollarse profesionalmente, atender su salud, hacer deportes, entre otros.
“A tono con lo anterior, presenté una resolución de investigación para evaluar la viabilidad y practicabilidad de establecer nuevos tipos de jornadas laborales, así como el impacto que una reducción de jornada podría tener sobre la operación de la empresa privada y el funcionamiento del sector público en Puerto Rico. Esto, con el objetivo de mirar hacia el futuro y procurar de forma responsable cambios que puedan traducirse en un beneficio tanto para los individuos y familias, como para los empresarios y sectores productivos del país”, expuso la también abogada canónica.