El Departamento de la Familia (DF) rechazó este lunes la aprobación de un proyecto cameral que busca declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico en una ponencia en la que negó que en la isla se haya registrado un alza dramática en situaciones de maltrato de menores.
Las expresiones de la agencia ocurrieron en una vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, para discutir el Proyecto de la Cámara 1333.
La medida fue radicada a finales del pasado abril por Ortiz González y el representante Denis Márquez Lebrón en momentos en que la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, indicó que para el 20 de octubre de 2020 tenían unos 8,454 referidos por maltrato de menores. “Inclusive, el Perfil muestra que en los últimos cuatro años hubo una reducción neta en los números de víctimas registradas. Por eso, no estamos de acuerdo con la premisa de que hay un aumento de casos de maltrato”, expresó la subsecretaria del DF, Ciení Rodríguez en declaraciones escritas.
“Esto tampoco significa que Puerto Rico ha experimentado una mejoría sustancial en este tema, y queda mucho camino por recorrer”, abundó.
Para la misma fecha del 2021 se habían reportado 12,110 casos, lo que representa un aumento de 3,656. Sin embargo, la ADFAN aseguró que los datos estadísticos encontrados en el Perfil del Maltrato de Menores, publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, muestran que las cifras de números de víctimas de maltrato de menores en la isla se han mantenido “más o menos estables en los últimos años”.
El Instituto de Estadísticas reportó las siguientes cifras en cuanto a menores víctimas de maltrato entre el 2018-2021: 5,621 para el 2018; 5,515 para el 2019; 4,413 para el 2020; y 5,315 para el 2021. ADFAN concluyó que el número de menores víctimas de maltrato experimentó una reducción del 2018 al 2021, a pesar de que el Negociado del Censo de los Estados Unidos estimó un leve crecimiento poblacional neto durante ese periodo.
Aunque reconoció el “espíritu loable” del proyecto cameral, la agencia señaló que las iniciativas propuestas por la medida ya están contempladas por legislación existente; por otras piezas legislativas como el Proyecto del Senado 537 y el Proyecto de la Cámara 911; o ya el Departamento lo ha “incorporado a la práctica a través de los años”.
La ADFAN destacó que la aprobación del Proyecto del Senado 537 es “esencial” para proveer al DF las herramientas necesarias para atacar el mal social del maltrato de menores mediante el modelo de “Family First”, por lo que opinó que debe dársele referencia al trámite legislativo de esta medida.
“Al aprobarse finalmente el Proyecto del Senado 537 y convertirlo en ley, nuestro gobierno tendrá más y mejores herramientas para atender las preocupaciones expuestas en el Proyecto de la Cámara 1333”, dijo Gerena.
Durante la audiencia pública, la ADFAN reiteró la urgencia de reclutación de trabajadores sociales para atender la cantidad de referidos que recibe la agencia. De acuerdo con cifras brindadas por Gerena, al 15 de noviembre de 2022 el DF cuenta con un total de 826 trabajadores sociales y 195 supervisores.
La agencia solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cubrir al menos 190 plazas vacantes, de las cuales al momento se han aprobado 67. Además, la administradora informó que la Unidad de Investigaciones, donde se atienden las situaciones que llegan a través de la línea de maltrato de menores, ha experimentado una reducción de 60 por ciento en el personal de trabajadores sociales desde 2009 al presente.
Según Gerena, el promedio de referidos que se le asignan a estos trabajadores sociales debe ser cinco diarios para un total de 25 a la semana. Sin embargo, al momento cada trabajador social de esta unidad puede tener asignados hasta 12 referidos diarios.
Las cifras de ADFAN muestran que para el 20 de octubre de 2020 la agencia tenía 8,454 referidos por maltrato de menores, mientras que para la misma fecha en el 2021 habían ascendido a 12,110. Asimismo, Gerena indicó que de 10,458 referidos sin investigar desde 2016, actualmente quedan 800 por atender.
El salario base de los trabajadores sociales que atienden este cúmulo de referidos es de 1,770 dólares mensuales, una compensación económica muy por debajo de la que reciben estos profesionales en otras agencias de gobierno o instituciones.
“Hemos buscado las alternativas, que no son suficientes, para poder incentivar a estos trabajadores sociales”, dijo Gerena.
La ADFAN adelantó que la agencia solicitó un aumento salarial para los trabajadores sociales con un sueldo mensual de 3,989 dólares que aún está siendo discutido con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y la Junta de Control Fiscal (JCF). Este aumento salarial formaría parte del Plan de Clasificación y Retribución del DF a partir de enero de 2023.
“La Junta hizo un estudio que no necesariamente va en la línea de los 3,900 dólares. Eso era parte del borrador que se sometió a través de la OATRH, pero continuamos en conversaciones para acercarnos lo más posible a ese número”, afirmó Rodríguez.