La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) informó que finalizó el proceso de sindicatura del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) tras corregir los señalamientos fiscales que realizó el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal (HHS), los cuales ponían en riesgo alrededor de $2.5 millones en fondos federales destinados a la creación de programas que benefician a la población con deficiencias en el desarrollo en Puerto Rico.
“Lamentablemente el mal manejo e incumplimiento desde hace aproximadamente ocho años provocaron que el Gobierno federal emitiera una orden de Cese y Desista relacionada con la asignación de fondos al CEDD, por lo que actualmente esta entidad no está ofreciendo los servicios a la población con impedimentos. Sin embargo, a tono con la política pública de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a través del mecanismo de la sindicatura, el equipo de la AAFAF logró que el Gobierno federal aprobara un Plan de Acción Correctivo que atendiera los serios señalamientos del gobierno federal. Además, se pusieron en marcha los trabajos de reconciliaciones y rendición de cuentas del componente programático del CEDD. Es fundamental establecer que, gracias a las negociaciones y acuerdos, se logró también utilizar parte del fondo administrativo dentro del presupuesto federal para el proceso de preparación e implementación del plan de acción correctivo”, explicó el director ejecutivo de la AAFAF Omar J. Marrero Díaz.
Desde el 2015, el CEDD ha recibido recortes de $5.4 millones en sus asignaciones por incumplimiento con regulaciones federales. Más aún, al momento de la intervención por parte de la AAFAF en mayo de 2019, el CEDD estaba en riesgo de perder la cantidad de $1.6 millones adicionales por falta de documentación apropiada; $742,720.08 de los cuales pertenecían al año fiscal 2015 y 2016. No obstante, con el proceso de sindicatura, la AAFAF logró la aprobación de estos y otros reembolsos, ascendentes a $3.4 millones.
Marrero Díaz detalló que otro de los logros que formaron parte del Plan de Acción Correctivo fue el cierre fiscal de los proyectos subvencionados con dichos fondos federales dirigidos a la población con deficiencias en el desarrollo de Puerto Rico.
“El equipo de la AAFAF logró el 100 por ciento de las visitas a los nueve proyectos que estaban activos; se generaron los nueve informes de cierre a todos los proyectos; se logró que HHS, a través de la Administración para la Vida Comunitaria, aprobara el cambio de pareo de 25% a 10% para los proyectos rurales, según la reglamentación federal y se logró el recobro de $55,689.65, de los proyectos en áreas no rurales”, señaló el jefe de la AAFAF.
Ahora corresponde implementar acciones correctivas en el área programática que estará en manos del Comité Ejecutivo del Consejo y del Gobierno federal.
De otro lado, Marrero Díaz informó que la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) se mantiene bajo el proceso de sindicatura tras el Gobierno federal haber hecho señalamientos por incumplimiento con las normativas federales y mal manejo de los fondos que administra.
“La AAFAF también trabajó un Plan de Acción Correctivo para el DPI de acuerdo con las exigencias federales con el fin de subsanar las deficiencias notificadas y que esta comunidad vulnerable continúe beneficiándose de las funciones y programas que ofrece la dependencia. Para que nuestro plan correctivo rinda frutos y asegure una operación efectiva y óptima, necesitamos garantizar por ley la separación federal y estatal de las gestiones correspondientes al programa con el fin de evitar la duplicidad de fondos e incongruencias en el funcionamiento del DPI, y así poder salvaguardar las garantías mínimas que requiere este tipo de agencia para operar”, indicó el funcionario.
El representante Néstor Alonso presentó el proyecto de ley (PC 2301) para crear la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y para crear y designar la División de Protección y Defensa de Puerto Rico. Con esto se promueve el desarrollo saludable de la entidad pública y se disponen nuevos servicios. Este proyecto de ley deroga la actual legislación y procura brindar más fuerza a la entidad del Estado que vela por los derechos de las personas con impedimentos y garantizar los requerimientos del Gobierno federal en cuanto al cumplimiento programático y fiscal. Además, atiende las acciones correctivas desarrolladas e implementadas por la AAFAF, para evitar el Cese y Desista relacionado con los fondos.
