(CyberNews) – La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, presidida por la representante Maricarmen Mas Rodríguez, inició el lunes, mediante la Resolución de la Cámara 1183, una vista pública en torno a las condiciones de vida de las personas de edad avanzada en la zona oeste, tras el embate de los huracanes Irma y María.
María Isabel Vázquez Mojica, administradora auxiliar de Servicios a Personas Edad Avanzada, de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) admitió en comunicación escrita que “aún quedan envejecientes que no han podido recuperarse completamente de los daños que sufrieron tras el paso de estos fenómenos atmosféricos”, que impactaron en septiembre de 2017 la isla.
La situación para estos ciudadanos se agravó, debido a la alta emigración que se produjo durante los meses posteriores a los eventos, los dejó sin el apoyo de sus familias debido al alto por ciento de desempleo en la zona.
La Funcionaria detalló que, de los 34 municipios con mayor cantidad de personas de 60 años o más, que viven bajo el nivel de pobreza, ocho se encuentran en la zona oeste. Entre ellos mencionó los pueblos de San Sebastián, Moca, Guánica, Isabela, Cabo Rojo, Lajas, Maricao, Aguada y Sabana Grande.
De igual forma, mencionó que, parte de la problemática se debe a que los envejecientes de esta zona en su mayoría residen en zonas rurales, por lo que les dificulta acceder los servicios de las agencias públicas y la compra de bienes y servicios, debido a la reducción en el transporte que se concentra en el centro del pueblo. A esto se une el hecho de que muchas de las agencias han digitalizado sus servicios, lo que los aísla aún más, ya que en su mayoría no poseen los conocimientos para realizar estos procedimientos, gestión que dejan en manos de hijos y conocidos.
Como consecuencia de este aislamiento, la Administradora Auxiliar explicó que pierden destrezas para tener una vida independiente, por lo que necesitan a largo plazo ingresar al programa de cuidado sustituto. En ese sentido el 19 por ciento del total de los estos servicios durante el presente año fiscal, se concentran en los municipios que componen las regiones de Mayagüez y Aguadilla.
“En casos más extremos esto puede significar además un factor de riesgo de abuso, explotación y negligencia debido al aislamiento social que experimentan en muchas regiones rurales, especialmente en la montaña”, señaló Vázquez Mojica. Sus expresiones fueron avaladas por la directora ejecutiva de la organización Esperanza para la Vejez, Zoraida Vega de Rodríguez.
Sin embargo, contrario a la población de menores de 18 años, cuyos servicios son costeados mediante fondos federales, para los envejecientes solo se cuenta con 60 millones de dólares en asignaciones estatales, de los cuales la mitad es utilizada en el programa de cuidado sustituto.
Vázquez indicó que un fenómeno que se produjo en la zona luego del azote de los huracanes es que un gran número de personas que eran recipientes del programa de auxiliares del hogar, lo que se conoce como ama de llaves, tuvieron que ingresar al programa de cuidado sustituto, debido a que su situación de salud se deterioró.
Por ello, recomendó que se tome en consideración el hecho de que la población envejeciente aumentará a medida que pasen los años, a la hora de analizar la asignación de fondos dentro del presupuesto gubernamental.
Durante la vista pública participó la licenciada Janice Maymí, asesora legal de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, quien recomendó que durante el estudio que realice la Comisión, se tome en consideración las circunstancias específicas de esta población, ya que actualmente “de acuerdo a la experiencia de nuestra agencia los programas y servicios dirigidos a esta población de índole gubernamental y no gubernamental no son suficientes para atender las necesidades de la población.
Al finalizar los trabajos, la presidenta de la Comisión sostuvo que “lamentablemente nos concentramos en los menores de edad y nos olvidamos de los envejecientes y por eso es que está pasando lo que nos han narrado durante la vista pública, cuando esta población es una que ha ido en aumento y por ello tenemos que evaluar con cuidado la manera en que se están distribuyendo los fondos gubernamentales, porque hay que aumentarle la disponibilidad de las entidades y agencias que atienden a nuestros viejitos”.
