La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico y el Gobierno de la isla han vuelto a diferir a costa, en este caso, de bonistas y pensionistas.
La JSF anunció el fin de semana un acuerdo con ciertos acreedores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para resolver 35.000 millones de dólares en reclamaciones relacionadas y no a la deuda, medida rechazada por el Gobierno que este lunes es eje informativo en la isla.
El choque entre la JSF y el Ejecutivo supone un cambio en la dinámica que había seguido la relación entre las dos partes desde que la gobernadora, Wanda Vázquez, alcanzó el Ejecutivo el pasado verano tras sustituir a Ricardo Rosselló, que dimitió a causa del controvertido “chat”.
Rosselló, durante los años en los que estuvo al frente del Ejecutivo, se enfrentó de forma constante a la dirección de la JSF, a la que acusó de tratar de inmiscuirse en la política pública, un papel que a su juicio no le correspondía, ya que sus atribuciones se limitaban, según sus argumentos, a la fiscalización de asuntos financieros y fiscales.
La JSF señaló que el nuevo acuerdo reduce el servicio de la deuda del Estado Libre Asociado (incluido el capital y los intereses de los bonos senior de gravámenes de COFINA) en un 56 %, de 90.000 millones de dólares a casi 39.000 millones de dólares.
El acuerdo reduce el servicio total de la deuda en 5.000 millones de dólares adicionales cuando se compara con el Acuerdo de Apoyo anterior que la JSF había alcanzado con un grupo más pequeño de tenedores de bonos el año pasado.
Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), señaló a Efe que la JSF ha apostado todo su prestigio a este acuerdo y que se sabía que ambas partes, tanto acreedores como pensionados, iban a tener que rebajar sus expectativas consecuencia del acuerdo.
Dijo que, probablemente, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, al rechazar públicamente el acuerdo, tuvo en cuenta el factor político, en especial dada la cercanía de las elecciones el próximo mes de noviembre.
“Puede ser un elemento inevitablemente político -la postura de la gobernadora-, ya que no puede darse el lujo de ponerse en contra de los pensionados”, señaló el economista, tras apuntar que se trata de cientos de miles de personas que serán decisivas con sus votos en los próximo comicios.
Negrón matizó que, en cualquier caso, no está claro qué va a pasar, ya que en primer lugar se supone, al menos en teoría, que la decisión de la JSF necesitará de legislación que deberá ser aprobaba por Cámara baja y Senado locales, aunque no se conoce oficialmente si los órganos legislativos están por la labor de apoyarla.
Señaló que en última instancia el asunto podría terminar en los tribunales, en el caso de que Ejecutivo y cámaras legislativas no apoyen la iniciativa de la JSF.
Según el nuevo acuerdo anunciado por la JSF, Puerto Rico resolvería por completo su deuda heredada en 20 años, o sea, 10 años antes que con el acuerdo anterior.
El nuevo acuerdo reduce 35.000 millones de dólares de deuda y otros pasivos en un 70 % (o sea, 24.000 millones), a menos de 11.000 millones, lo que representa una reducción adicional de 1.000 millones en relación con el acuerdo anterior.
Los tenedores de unos 8.000 millones en bonos respaldan el acuerdo, incluidas las cooperativas de crédito puertorriqueñas y los inversores municipales tradicionales.
El acuerdo, que fue aprobado por la mayoría de los miembros de la JSF, reduce el servicio de la deuda anual máxima del Estado Libre Asociado pagadero en cualquier año futuro, incluidos los bonos senior de gravámenes de COFINA, en más del 70 %, de 4.200 millones anuales a un nivel sostenible inferior a 1.500 millones al año.
La JSF acordó resolver su reclamo de 6.000 millones en bonos que, según la misma entidad, excedió el límite de deuda del Estado Libre Asociado.
El acuerdo permite a la JSF eliminar el riesgo de una batalla legal larga y costosa, según la entidad federal de control.
La gobernadora de Puerto Rico rechazó el acuerdo anunciado el domingo entre la JSF y los acreedores del Estado Libre Asociado porque como dijo no protege lo suficiente los derechos de los pensionados públicos.
“Mi Gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales. Nuevamente, mi posición durante este proceso ha sido que si los ‘bonistas’ -tenedores de deuda- reciben mejor trato en un nuevo acuerdo, los pensionados también deben recibir mejor trato. Esto es un asunto de justicia básica”, subrayó Vázquez en un comunicado.
Fuente: EFEUSA
