La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el lunes los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal creada por el Congreso para rescatar a Puerto Rico de la crisis económica que ha sido exacerbada por la pandemia del coronavirus, sismos recientes y los destrozos causados por el huracán María en 2017.

Los jueces revocaron el fallo de una corte inferior que amenazaba con generar un caos en los esfuerzos de recuperación de la isla.

En una decisión unánime, la corte permitirá que continúen las tareas del comité de supervisión para sacar a la isla de la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos. En cierto momento, Puerto Rico enfrentó una deuda superior a los 100.000 millones de dólares y una falta de fondos para pensiones.

El caso surge de un desafío constitucional respecto a la formación del comité de supervisión encabezada por fondos de cobertura que invirtieron en bonos puertorriqueños. Una corte inferior determinó el año pasado que el nombramiento de los miembros del comité representaba una violación a la Constitución debido a que no fue confirmado por el Senado.

El presidente selecciona a los siete integrantes votantes del comité. Ellos y otro miembro no votante elegido por el gobernador de Puerto Rico en turno se encargan de aprobar presupuestos y planes fiscales diseñados por el gobierno de la isla.

Presidente de la Junta Fiscal aplaude decisión del Supremo EEUU sobre nombramientos

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, aplaudió el lunes, la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que los nombramientos del ente federal no violan la Cláusula Constitucional de Nombramientos.

“La Junta le dio la bienvenida a la decisión unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permite a sus miembros continuar con sus labores bajo PROMESA”, dijo Carrión, tercero en comunicación escrita.

La decisión del Tribunal Supremo confirma que PROMESA estableció la JCF como una entidad que forma parte del Gobierno de Puerto Rico, y que el proceso designado al Congreso para seleccionar a los miembros de la JCF no viola la Cláusula Constitucional de Nombramientos.

“El proceso de designaciones de PROMESA estableció una Junta bipartita, asegurando decisiones balanceadas para ayudar a Puerto Rico en su recuperación y progreso. Los miembros de la Junta de Supervisión tienen una responsabilidad importante: asistir a Puerto Rico para que pueda superar una deuda insostenible y décadas de mala gestión fiscal. La Junta se encuentra renegociando la deuda de Puerto Rico y se mantiene trabajando consistentemente para establecer un sistema de planificación fiscal y de presupuestos balanceados a largo plazo”, añadió.

“Los miembros de la Junta desean continuar su trabajo para favorecer los intereses del pueblo de Puerto Rico. Es de suma importancia que Puerto Rico supere esta crisis lo más pronto posible”, culminó.