La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado habló el jueves sobre por qué la gobernadora Wanda Vazquez Garced decretó un alerta y no una emergencia por violencia contra las mujeres.
“La gobernadora entiende que una emergencia pudiera parecer que es que no se ha hecho nada. La alerta es porque tenemos las leyes, tenemos los protocolos, tenemos los reglamentos. Al jefe de agencia, (le alertamos) que tiene que darle cumplimiento estricto a esas obligaciones que tienes”, dijo Laboy Alvarado en conferencia de prensa.
“Nosotros estamos diciendo categóricamente que el Gobierno de Puerto Rico ha tomado medidas contra la violencia contra la mujer. Pero igual categóricamente estamos diciendo que todavía hay mucho camino por recorrer y por eso la alerta”, añadió.
Laboy Alvarado insistió en que el alerta permitirá la rendición de cuentas a los jefes de agencia, que en este caso incluye a la porcuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo. Aunque por ley la procuradora de las Mujeres no es directamente una jefa de agencia, para esta alerta tendrá que rendir cuentas a la gobernadora.
“La gobernadora como un próximo paso va a llamar a una reunión a todos los jefes de agencias para hablarles directamente de lo que significa esta alerta. La exigencia del cumplimiento estricto. De que se van a rendir cuentas. Con relación a la procuradora, ciertamente hay una situación real fiscal y luego de esto vamos a estar evaluando que pasos van a ser los próximos que vamos a tomar con relación a esta alerta sobre la violencia contra la mujer”, expuso Laboy Alvarado.
Vázquez Garced emitió el miércoles un estado de alerta nacional, para atender las manifestaciones de violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, lo cual implica la integración de todas las entidades públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y del tercer sector, de modo que todos reaccionen de manera proactiva, diligente y con sentido de urgencia ante esta situación y se rinda cuentas ante el cumplimiento fiel y estricto de las leyes y reglamentos promulgados a tono con la política pública de no violencia contra las mujeres.
