Nicaragua: Ortega declara ilegal a la congregación jesuita, expropia sus bienes

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ARCHIVO - Manifestantes protestan fuera de la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua, UCA, en reclamo del 6% de su presupuesto nacional en Managua, Nicaragua, el 2 de agosto de 2018. El gobierno de Nicaragua ordenó el miércoles 23 de agosto de 2023 el cierre y la expropiación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús una semana después de haber clausurado y confiscado la UCA, de la misma congregación católica. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicaragua ordenó el miércoles el cierre y la expropiación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús una semana después de haber clausurado y confiscado la Universidad Centroamericana, de la misma congregación católica.

La disposición, publicada en el diario oficial La Gaceta, fue ordenada por el Ministerio de Gobernación (Interior) bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de la asociación religiosa en sus reportes fiscales de los últimos tres años.

El informe oficial agregó que todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía de Jesús se traspasan “al Estado de Nicaragua”.

Además de la Universidad Centroamericana (UCA), la congregación religiosa ha administrado también en Nicaragua los prestigiosos colegios privados Loyola y Centroamérica, ambos ubicados en Managua, cuyo destino no se menciona explícitamente en la resolución gubernamental.

La UCA fue cerrada el jueves por el gobierno de Daniel Ortega, quien la acusó de ser un “centro de terrorismo”, y en su lugar creó la universidad estatal Casimiro Sotelo.

En las protestas estudiantiles de 2018 contra el gobierno la UCA fue uno de los focos de rebelión juvenil, lo que provocó la represalia del gobierno, afirman líderes universitarios y docentes.

Estas medidas ocurren en medio de una tensa relación entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos -monseñor Rolando Álvarez- cumple una condena de más de 26 años de prisión por conspirar contra el Estado.

El cierre de la UCA, que afectó a más de 5.000 alumnos, motivó una protesta de las autoridades jesuitas de América Latina y fue criticado en duros términos por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile.