(CyberNews) – El oficial correccional Edwin Noel López Reyes, de 48 años, acusado de asesinar el domingo a su pareja Jessica Enid Torres Santiago en Ponce, se entregó el martes en el cuartel estatal de la Policía en Coamo.
Contra López Reyes pesaba una orden de arresto con una fianza de 2 millones de dólares por los delitos de feminicidio, disparar o apuntar un arma de fuego y maltrato de menores, expedida por el juez Carlos Candelario Cáliz.
Los hechos ocurrieron el domingo 22 de septiembre a las 8:45 de la noche en la carretera PR-1 en Ponce, hacia la salida del expreso 52, cuando presuntamente asesinó a la mujer de 43 años en presencia de sus dos hijas de 18 y 19 años.
Según reportes de prensa, luego del incidente, López Reyes llevó a las hijas a la residencia de un familiar y se dio a la fuga.
El lunes, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce inició conversaciones con familiares y allegados para que López Reyes se entregara a las autoridades.
Durante la tarde del lunes, se recuperó el Jeep Wrangler color gris en una calle del pueblo de Coamo y una guagua Toyota Tacoma en el residencial Manuel J. Rivera.
López Reyes lleva 20 años trabajando en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, donde funge como oficial correccional en el Centro de Ingreso Diagnóstico y Clasificación Ponce 676.
Secretaria de Corrección reacciona al arresto de oficial acusado de feminicidio
Por su parte, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, expresó sus condolencias y reaccionó al arresto del oficial correccional acusado de asesinar a su pareja en Ponce.
“Quisiera comenzar por brindarles condolencias a la familia de la víctima, también a nuestros compañeros de trabajo que están tristes con esta situación”, dijo Escobar Pabón, abordada por la prensa.
“Me alegra que él haya tomado la decisión correcta de entregarse, de enfrentar la justicia y el proceso administrativo que llevará ahora, que obviamente culminará en la destitución de su puesto”, añadió.
La secretaria informó que se comunicó con el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, para que el oficial sea ingresado en el Centro de Ingresos de Bayamón y no tenga acceso a Ponce, donde trabajaba. “Es una situación de lógica el que no esté ubicado en el mismo lugar”, señaló.
Escobar Pabón destacó que el oficial, con 20 años de servicio, no tenía actos indisciplinarios en su récord ni había solicitado intervención del programa de ayuda al empleado. “No lo conocía personalmente, pero debo haberlo visto en la institución cuando la visitaba”, indicó.
“Es horrible vivir una situación como esta; no lo esperábamos de una persona que no presenta ningún problema ni situación en el ambiente laboral”, expresó.
“Nos toma de sorpresa que un compañero nuestro que conoce las consecuencias de los delitos vaya a vivir y pasar por lo que todos los días trabajaba y manejaba”, añadió.
“Hacer un crimen como este frente a sus hijas es abominable”, sostuvo la secretaria.
Escobar Pabón ofreció su apoyo a las familias afectadas. “La familia tiene en nosotros una familia extendida; ya ellos formaban parte de nosotros a través de este compañero que tiene tres familias destrozadas: su familia inmediata, la familia de la víctima y la familia correccional”, afirmó.
“Todos tienen el apoyo y la ayuda que podamos brindarles y acompañarlos en este proceso de dolor, obviamente a ellos y a nuestros compañeros de trabajo”, concluyó.
Las expresiones de la titular del DCR se dieron previo a su comparecencia a una vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, sobre la Resolución del Senado 933, que continúa con la investigación sobre la Ley 25 de 1992 que llevó a la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez.
