El Departamento de Justicia, a través de la Secretaría Auxiliar de lo Civil, inició la litigación en el tribunal contra más de 30 convictos a quienes demandaron para recobrar los fondos públicos que le arrebataron al pueblo mediante esquemas ilegales. Son demandas separadas que se encuentran en distintas etapas procesales.

Es incorrecto proyectar que se encuentran «en el limbo» o que «no arrancan, como tituló hoy un medio de comunicación. La noticia publicada demuestra total desconocimiento del proceso judicial, cuyo calendario no controla el Departamento de Justicia.

Los excelentes abogados del Departamento de Justicia están litigando estos casos en el tribunal y están preparados para continuar hasta recobrar cada dòlar que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Para esto, hay que cumplir con todo el rigor del proceso legal y judicial, establecido en nuestra Constitución y leyes.

Tan reciente como el pasado mes de noviembre, el Tribunal de Apelaciones emitió una determinación en el caso contra la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano que confirma nuestros planteamientos ante el Tribunal de Primera Instancia de que la demanda que presentamos está madura para su adjudicación, de conformidad con las disposiciones del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

Reitero que, cuando tomamos esta iniciativa, acción que ningún secretario de Justicia había ejecutado anteriormente, lo hicimos convencidos de que a través de este mecanismo vamos a recuperar el dinero que le pertenece al pueblo de Puerto Rico.

El Código Anticorrupción nos permite reclamar una cuantía que suma tres veces el daño que le causaron quienes se apropiaron ilegalmente.

Esta es una iniciativa que implementamos por primera vez para combatir la corrupción en Puerto Rico y esperamos que se le de continuidad como un mecanismo efectivo para erradicar ese mal social en todos los niveles del gobierno.