La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la División de Delitos Económicos presentó cargos ayer contra Luis Tomás Botero Andino, de 40 años, por cometer fraude al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés) mediante el uso de un seguro social que no era el suyo.
La fiscal Natalie Lausell Rodríguez radicó cinco cargos contra el imputado. Estos incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y apropiación ilegal de identidad, al amparo de los artículos 182, 202 (B) y 209 del Código Penal de Puerto Rico.
Conforme a la investigación de la agente Yasmary Ortiz Ortiz, adscrita a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, Borrero Andino, durante los meses de julio a septiembre del año 2020 emitió solicitudes al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (en adelante DTRH) con información falsa para obtener los beneficios del Pandemic Unemployment Assistance (PUA). El imputado incluyó en las solicitudes del PUA números de seguros sociales que no le pertenecían como si fueran los suyos.
Mediante este esquema fraudulento, el imputado se apropió ilegalmente de la cantidad total de $28,368.00 dólares de fondos públicos. El imputado cambió los cheques del DTRH en efectivo, depositando, de manera ilegal y fraudulenta, el dinero en su cuenta bancaria.
“El imputado obtuvo fondos públicos de forma fraudulenta pertenecientes al programa federal de Asistencia por Desempleo durante la Pandemia (Pandemic Unemployment Assistance), diseñado para apoyar a personas vulnerables afectadas por la crisis del COVID-19. Su conducta será juzgada conforme a lo establecido por la ley y enfrentará las consecuencias legales correspondientes. Reconozco la labor de los fiscales y agentes del Negociado de la Policía que trabajaron en el procesamiento de este caso”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
El juez Juan A. León González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa por todos los cargos criminales presentados por la División de Delitos Económicos, dirigida por la fiscal Roxanne Rivera Carrión, y le impuso una fianza global de $45,000 dólares, la cual prestó.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 11 de julio.