La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico comenzó hoy, la fase de fiscalización de las máquinas de juegos de azar en ruta (comúnmente conocidas como tragamonedas), luego de completar la etapa de licenciamiento con más de 2,700 negocios autorizados y alrededor de 15,000 máquinas en cumplimiento. Esta acción marca un paso clave hacia la formalización y legalización de esta industria bajo el marco regulatorio establecido por la Ley 112-2024.

“El proceso de licenciamiento ha sido exitoso.  En esta primera etapa, la respuesta de los operadores ha sido contundente, lo que nos ha permitido autorizar la cantidad de negocios y operadores que dentro de los parámetros de la ley, es viable. Ahora, con la fiscalización activa, reafirmamos nuestro compromiso con una industria segura, regulada y transparente que genera ingresos para el beneficio colectivo”, expresó el director ejecutivo de la Comisión, Juan Carlos Santaella Marchán.

La fiscalización será ejecutada por la Oficina de Investigación y Regulación de la Comisión de Juegos, en colaboración con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, entre otras agencias. Las infracciones conllevan multas de entre $5,000 y $10,000 por cada máquina no autorizada, las cuales serán impuestas directamente al dueño del negocio.

Santaella Marchán enfatizó que “los dueños de negocios deben verificar que estén contratando operadores mayoristas certificados por la Comisión. Toda máquina debe contar con su marbete y comprobante vigente. Este proceso es clave para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones significativas”.

La Ley de Máquinas de Juegos de Azar autoriza un máximo de 25,000 máquinas en ruta en todo Puerto Rico, con un límite de 15 máquinas por negocio, siempre y cuando estas operen como una actividad complementaria y no principal. Los negocios interesados en operar legalmente deben consultar la lista oficial de operadores mayoristas certificados, disponible en el portal oficial www.comjuegos.pr.gov.

En cuanto a la distribución de los recaudos generados por esta industria, el 22.5% de los ingresos se asigna a programas públicos. De esta partida, el 55% se destina al Fideicomiso para el Retiro de la Policía, 40% a los municipios, y 5% a la Comisión de Juegos para el sostenimiento del proceso de fiscalización.

“La implementación de esta ley no solo impulsa el ordenamiento de una industria históricamente informal, sino que también canaliza fondos para el retiro de nuestros policías y el desarrollo de los municipios. Esto representa una victoria en términos de política pública y justicia contributiva”, añadió el licenciado Santaella Marchán.

La Comisión de Juegos es la agencia responsable de regular y fiscalizar las industrias de juegos de azar, apuestas deportivas, deporte hípico y máquinas en ruta en Puerto Rico, de conformidad con la Ley 81-2019, según enmendada.

Para más información o para consultar la lista de operadores certificados, visite www.comjuegos.pr.gov.