La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la División de Delitos Económicos presentó cargos ayer contra Josué Carrasquillo Zavala, de 32 años, por cometer fraude al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés) mediante el uso de manera ilegal información y datos que no le pertenecen para realizar las mencionadas solicitudes.
La fiscal Natalie Lausell Rodríguez radicó cinco cargos contra el imputado. Estos incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y apropiación ilegal de identidad, al amparo de los artículos 182, 202 (B) y 209 del Código Penal de Puerto Rico.
Conforme a la investigación del agente José E. Rivera Padró, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía, Carrasquillo Zavala, durante los meses de diciembre del 2020 a diciembre del 2021, realizó tres solicitudes fraudulentas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico para obtener los beneficios económicos del Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Carrasquillo Zavala utilizo de manera ilegal información y datos que no le pertenecen para realizar las mencionadas solicitudes. En dos solicitudes, el imputado alteró su información y utilizó los datos de sus padres. En una de estas solicitudes, el sospechoso alteró su información y los ingresó a la solicitud.
Mediante este esquema fraudulento, Josué Carrasquillo Zavala se apropió ilegalmente de la cantidad de $53,628 dólares en fondos públicos, mediante varios depósitos directos que recibió en sus dos cuentas bancarias con el Banco Popular de Puerto Rico, hecho contrario a la ley.
“El Departamento de Justicia reitera su compromiso en combatir todo tipo de fraude y procesará a todo aquel que se apropie ilegalmente de fondos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Reconocemos la labor de los fiscales y los esfuerzos de los agentes del Negociado de la Policía que trabajaron arduamente en el procesamiento de este caso”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
El juez Rocío Alonso González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por todos los cargos criminales presentados por la División de Delitos Económicos, dirigida por la fiscal Roxanne Rivera Carrión, y le impuso una fianza global de $5,000 dólares, la cual prestó.