Teniendo como prioridad defender el bolsillo de los contribuyentes y del consumidor, además de procurar eficiencia en el servicio público, la gobernadora Jenniffer González anunció la cancelación del contrato del sistema de escaneo de carga en el Puerto de San Juan bajo la compañía S2PR.
La gobernadora hizo el anuncio junto al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón; el superintendente de la Policía, Joseph González; el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja; los representantes Víctor Parés y José Aponte; y el comandante del Sector San Juan de la Guardia Costera, capitán Luis Rodríguez.
También estuvieron presentes Yandia Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Industriales; Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA; José (Pepe) González, presidente de la ACDET (Asociación Comercio al Detal de Puerto Rico); Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio; Eduardo Marxuach, presidente de Econo; José F. Nazario, presidente de la Asociación de Navieros; y Eduardo Pagán, vicepresidente y gerente general de TOTE Maritime.
La hoy gobernadora fue autora de la Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria (Ley Núm. 12 del 18 de febrero de 2008), cuyo propósito es reforzar la seguridad portuaria, la eficiencia comercial y el apoyo a la recaudación de Hacienda.
Al amparo de dicha ley, en diciembre de 2009 se firmó el contrato con S2PR para la operación del sistema de escaneo de carga en el Puerto de San Juan, con el fin de fortalecer la seguridad, garantizar un flujo comercial ágil y apoyar la recaudación contributiva. El contrato original ha sido objeto de múltiples enmiendas y acuerdos suplementarios para extender plazos, redefinir obligaciones y atender hallazgos de la Oficina del Contralor.
Entre 2016 y 2024, los registros reflejan que miles de contenedores fueron escaneados, pero sin resultados en seguridad ni recaudación. Se detectaron más de 3,400 incongruencias en manifiestos entre 2011 y 2024, pero no se produjeron incautaciones; Hacienda no mantiene presencia en los muelles desde 2017; y la Policía solo participó los primeros años, cesando luego su rol.
Este contrato ha costado, entre 2011 y 2024, más de $168 millones financiados mediante el cargo por medidas de seguridad o Enhanced Security Fee (ESF), lo que representa un promedio de $1.2 millones mensuales.
El impacto económico estimado es de $65 millones anuales para la cadena de suministros, según cálculos del sector privado.
Estos gastos contrastan con los resultados: 0 referidos a la Policía y 0 referidos al Departamento de Hacienda como producto del escaneo.
El contrato ha tenido cinco enmiendas, mientras que la sexta no fue aprobada en la forma propuesta por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la Junta). Cabe señalar que la última enmienda sugería extender la vigencia hasta 2031, con inversiones adicionales, pero la Junta solo la aprobó hasta diciembre de 2025. El contratista no firmó, y el contrato vigente proyecta su vencimiento hasta 2033.
En defensa del interés público y del bolsillo del consumidor, el gobierno de Puerto Rico anunció la cancelación del contrato con S2PR, reconociendo que, si bien la intención de la Ley 12-2008 fue loable, en la práctica no cumplió su cometido.
“Se han invertido más de $168 millones sin resultados proporcionales en seguridad ni recaudos. Además, Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos con este tipo de contrato leonino y oneroso. La cancelación es un ahorro para el pueblo y las futuras generaciones; representa un alivio inmediato a la economía, elimina una carga injusta para los consumidores y reafirma nuestro compromiso con la eficiencia, la transparencia y el buen uso de fondos públicos”, expresó la gobernadora.
“Hoy, junto a nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, damos otro paso firme en acorde con la encomienda que nos dio para dirigir la Autoridad de los Puertos el pasado mes de enero. Durante los pasados meses hemos trabajado en el análisis de este contrato, realizamos inspecciones y sostuvimos múltiples reuniones con los sectores que se han visto impactados por un acuerdo que no representa los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. La conclusión de este análisis, que incluyó otras agencias y la consulta directa con la empresa privada, es que el actual sistema de inspección de furgones no es efectivo, convirtiéndose en inconsecuente y una carga constante para el sector económico, particularmente para nuestros consumidores”, indicó el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón.
“Ante esto, y colocando a Puerto Rico siempre primero, como director de la Autoridad de los Puertos recomendé a la Gobernadora —a quien agradezco por su liderato en este vital tema— la cancelación del acuerdo de inspección. Quiero recalcar que vamos a continuar teniendo un sistema de muelles seguro y confiable, que garantice la entrada de artículos y productos de manera transparente. Ese es nuestro compromiso con el pueblo. Por eso se viabiliza un rol prominente para nuestra Policía. Igualmente importante: ese costo que se pagaba por un servicio inoficioso ahora pasa como ahorro directo a la gente”, añadió Negrón.
