La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) informó que acogió el referido presentado por la Oficina del Inspector General (OIG), relacionado con una exempleada del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El referido fue recibido el 27 de agosto de 2025 y evaluado por el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) de la OEG, conforme al Artículo 7.1(c) de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada. Como resultado, la OEG iniciará una investigación sobre aquellos asuntos que están bajo su jurisdicción, específicamente posibles violaciones administrativas a la Ley de Ética Gubernamental.

Además, la OEG recomendó a la Oficina del Inspector General que los hallazgos que pudieran constituir posibles violaciones al Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012), al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley Núm. 2-2018), y a otras leyes especiales, fueran referidos al Departamento de Justicia de Puerto Rico, por ser la entidad con jurisdicción para atender asuntos de naturaleza penal.

“Los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo acogieron el referido presentado por la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, relacionado con una exservidora pública del DTOP. La Oficina evaluó los hechos conforme a lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica, la Ley Núm. 1-2012, en lo que respecta a posibles violaciones de carácter administrativo. A su vez, luego de analizar el Resumen Ejecutivo OIG-Q1-26-008, recomendamos a la Inspectora General que los aspectos que pudieran constituir violaciones al Código Penal, al Código Anticorrupción y a otras leyes aplicables fueran canalizados al Departamento de Justicia,” expresó el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas.

El director ejecutivo recordó que, conforme al Artículo 7.1(d) de su ley habilitadora, toda investigación debe manejarse con estricta confidencialidad. «Por tratarse de un asunto bajo investigación activa, no emitiremos comentarios adicionales en este momento. La confidencialidad es esencial para proteger la integridad del proceso y los derechos de todas las partes involucradas», concluyó.