La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, inició ayer el análisis del Proyecto de la Cámara 437, para enmendar la “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico” (Ley 335-1999) para aclarar que el 35 por ciento de los ingresos por concepto de derechos e imposición de multas, serán remitidos a los municipios en los que estén ubicados los anuncios, independientemente sean autónomos o no.

Durante los trabajos, la Lcda. Vianca Rivera Román, asesora legislativa en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercios (DDEC), manifestó que el código objeto de estudio, debe verse en conjunto con las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico del 2020.

Rivera Román expresó que, mediante estas dos legislaciones, se establecen las facultades sobre ordenación territorial que pueden ser transferidas a los municipios autónomos por OGPE, de acuerdo con un orden ya establecido, el cual reserva las facultades de evaluación y autorización de permisos para la instalación de anuncios y rótulos, a aquellas jurisdicciones que han alcanzado las jerarquías II y III.

La funcionaria del DDEC enfatizó, que, para alcanzar estas jerarquías, los municipios deberán tener aprobado un Plan Territorial vigente y establecer una oficina de permisos.

“Vemos que en sus disposiciones actuales la Ley 355-1999 responsabiliza a la OGPe de remitir el 35 por ciento de los derechos cobrados, únicamente a aquellos municipios autónomos con oficinas de permiso y esto se debe, en parte, a que estos municipios cuentan con el conocimiento y la estructura municipal y fiscal para, entre otras cosas, administrar los fondos conforme a las obligaciones que les impone la ley, al ser receptores de facultades que, de ordinario, están reservadas para las agencias, en este caso la OGPe y la Junta de Planificación”, indicó la asesora legal.

Por lo tanto, enfatizó que el DDEC entiende que estos derechos cobrados deben ser remitidos únicamente a aquellos municipios autónomos con oficinas de permisos, ya que “responden al mejor interés público y se atemperan a las disposiciones legales tanto del Código Municipal de Puerto Rico como de la ley 161-2009”, tal cual dispone que la OGPe asuma las facultades que tenía antes ARPE.

Durante el turno de preguntas, el Lcdo. Israel Pagán, abogado de OGPE, comentó que el DDEC podría endosar la medida “si se estudia de qué manera esto no va a impactar negativamente a la OGPe, que es quien tiene la facultad de expedir el permiso y es el recipiente de estos derechos”.

Ante la interrogante del representante Víctor Parés Otero, en torno al impacto de esta legislación sobre la OGPe, Pagán recalcó no tener el dato en términos fiscales, pero “va a ver una carga administrativa, porque esto lo tiene que hacer el personal de la entidad, además de una reducción en el fondo especial dispuesto para realizar esta labor. Esto, ya que se tiene que establecer una maquinaria administrativa para poder canalizar y cumplir la ley, además no estamos hablando de cinco o diez municipios, estaríamos hablando de 78”.

La comisión solicitó la información sobre el impacto presupuestario de esta iniciativa a ambos deponentes en un término de cinco días laborables.

Rivera Román expresó que deberá estudiarse cuál es el impacto fiscal si al ser transferido el 35 por ciento de lo recaudado por derechos de permisos y multas, estos municipios no autónomos asumen la carga administrativa que OGPe dejará de realizar.

“Reconocemos la importancia de los municipios que no son autónomos y la función que ellos ejercen, pero según el texto de la medida toda la carga administrativa de aquellos municipios que no sean autónomos o que no tengan oficina de servicios recae en la OGPe y en la Junta de Planificación para el proceso de querellas”, expresó la asesora legal.

De otra parte, el autor de la medida, el representante José Aponte Hernández, trajo a la atención de los deponentes el hecho de que en el Código Municipal del 2020 gira sobre las facultades generales de los municipios entre los que se encuentran la potestad de regular y reglamentar la publicidad gráfica externa en el municipio, así como requerir y cobrar los derechos que por ordenanza se dispongan por la expedición de permisos para la instalación de propaganda gráfica externa.

Por lo que cuestionó el hecho de que ninguno de los deponentes pudiera ofrecer información sobre este aspecto y solicitó a la presidencia de la Comisión que se en cinco días laborables se emita un informe a esos fines.

“Si hay unos aspectos que le competen directamente a OGPe, pero hay unos aspectos que los municipios tienen por disposición del Código Municipal, la oportunidad de entrar, por lo que deberíamos tener personas que puedan decirnos claramente lo que respecta al Fondo Especial, que se nutre del 35 por ciento de lo recaudado por concepto de permisos y multas, ya que por disposición de ley este fondo no puede utilizarse en gastos recurrentes como pago de nómina y alquiler de facilidades este tipo de ingreso que no es recurrente”, resaltó el representante Aponte Hernández.

Al finalizar la vista pública, el representante Franqui Atiles, mostró su apoyo a la medida ya que “realmente el servicio de atender querellas, fiscalizar y remover rótulos lo termina haciendo el municipio, sin remuneración alguna. Así que entendemos que esta iniciativa es una que los beneficia ya que, aunque no otorgan permisos, si se encargan de la implementación y cumplimiento de la legislación”, función que es una erogación de fondos municipales