La Cámara de Representantes avaló en Sesión Ordinaria el Proyecto de la Cámara 736 presentado por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez y la representante Carmen Medina Calderón como coautora, para así enmendar la “Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico” con el fin de designar al Departamento de Hacienda como la agencia responsable de la creación del programa voluntario de ahorro para el retiro que está estipulado en esta legislación del 2023.

También modifica la composición del grupo de trabajo a cargo de la implementación de esta ley, que en la actualidad está encabezado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), entidad que se desempeña como entre regulador de las instituciones y actividades financieras en Puerto Rico, por lo que le impide hacerse cargo de la creación del programa.

A esto se suman los hallazgos de un estudio comparativo con otras jurisdicciones en el que se identificó que “resulta necesaria la designación de una agencia gubernamental que se haga cargo del programa voluntario de ahorro para el retiro de empleados del sector privado”, por las implicaciones contributivas de cualquier plan de retiro en el que es necesario promulgar la reglamentación para la operación de esta. La pieza fue presentada por petición de la organización AARP Puerto Rico.

A renglón seguido, se aprobó el Proyecto de la Cámara 165, para crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples”, la cual dispone que ninguna dependencia gubernamental podrá implementar baños múltiples inclusivos mixtos o neutros en sus facilidades.

La medida de la representante Lisie Burgos Muñiz, incluye en este mandato tanto a las agencias, como las corporaciones públicas, los municipios y la Universidad de Puerto Rico y sus recintos. Establece, además, que no se permitirá “personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado”.

Del mismo modo, determina que todos los baños serán divididos por el sexo biológico de las personas, “específicamente baños para las mujeres y baños para los hombres”.

La representante Burgos Muñiz manifestó durante su turno que, con la aprobación de esta legislación, “se le hace justicia a las mujeres que defendemos nuestros derechos y nuestra privacidad, específicamente estas muchachas en la Universidad de Puerto Rico que radicaron querellas porque tuvieron situaciones incómodas en los baños públicos y no fueron acogidas. Esperamos que esas querellas se atiendan y que se proceda en todas las instalaciones a identificar los baños por sexo”.

“Los baños específicos para mujeres han sido un logro producto de una lucha histórica aún hoy no zanjada”, añadió la autora de la medida, quien planteó que permitir la implementación de servicios sanitarios inclusivos es “ser cómplices de una crasa y violenta invisibilización y anulación de los derechos de las mujeres, además de estar habilitando a potenciales agresores”

Hizo mención que, con la medida, se protege el derecho constitucional de igual dignidad para todos los ciudadanos y el disfrute a la vida y libertad del ser humano, “formando parte de este derecho, el deber inalienable del Estado de cuidar de la salud y seguridad de los ciudadanos”.

“Cabe recalcar que no se está afirmando que las personas que se auto perciben diferentes a su sexo biológico constituyan un riesgo para la sociedad, sino afirmamos la importancia del respeto y dignidad que merecen las mujeres. Existe un interés apremiante en salvaguardar la vida, dignidad y seguridad de las mujeres. Por consiguiente, consideramos que son merecedoras de espacios íntimos y seguros en establecimientos públicos”, reiteró la legisladora de Proyecto Dignidad.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la representante Wanda Del Valle, expresó que la pieza enmendada provee para que se dedique los baños con solo un equipo sanitario como baños familiares o asistidos para personas que necesiten apoyo para utilizar las facilidades, por lo que no debe construirse espacios adicionales.

Sostuvo además que no cederá ante las presiones de ningún grupo de interés ya que “nuestro trabajo siempre se hará de forma responsable y atendiendo a todas las partes interesadas”.

De igual forma, se dio paso al Proyecto 470, de Administración, para crear la Comisión Adjudicativa de Asuntos Laborales de Puerto Rico como ente cuasi judicial exclusivo encargado de la adjudicación de controversias laborales en Puerto Rico.

Este estatuto tiene la intención de “emprender una reforma estructural que optimice el uso de los recursos gubernamentales, garantice mayor transparencia y accesibilidad y agilice la resolución de disputas laborales, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, promoviendo un sistema de justicia laboral más moderno, equitativo y eficiente”.

El proyecto consolida las funciones distribuidas actualmente entre la Comisión Apelativa del Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelaciones los cuales dejarán de operar al aprobarse esta ley.

La exposición de motivos del proyecto apunta que con la iniciativa “esta Administración impulsa una reingeniería gubernamental orientada a consolidar las funciones de adjudicación de disputas laborales bajo una nueva Comisión Adjudicativa de Asuntos Laborales de Puerto Rico”.

En el lenguaje de la medida se indica que “este organismo contará con los recursos, la capacidad y el marco normativo adecuado para garantizar procesos expeditos y justos. La iniciativa responde al compromiso del gobierno con la modernización del servicio público y la optimización del uso de los recursos estatales, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión gubernamental”.

De otra lado, fue aprobada la Resolución de la Cámara 447-que enmienda la Resolución de la Cámara 195- la cual ordena a la Comisión de Asuntos Federales y del Veterano evaluar todo aspecto relacionado con las operaciones, condiciones, infraestructura, seguridad, tarifas y regulación de la totalidad de la zona portuaria de la Bahía de San Juan.

La enmienda a la referida Resolución dispone que la Comisión rendirá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico el informe final en torno a la investigación dicha investigación antes que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa.

El autor de la medida, el representante José Aponte Hernández informó que se solicita esta extensión “debido a que el asunto que atiende la investigación y la importancia que representa la Bahía de San Juan, como principal puerto de la Isla, mediante el cual se recibe la gran mayoría de las importaciones de Puerto Rico, requiere de tiempo suficiente para que la Comisión pueda realizar una investigación abarcadora”.

Mientras se unió a la lista de aprobaciones, el Proyecto del Senado 328, para declarar el “Maratón del Arrescosta’o”, que se lleva a cabo anualmente en el Municipio de Trujillo Alto, como un evento deportivo de interés público en Puerto Rico y para asignar 50 mil dólares al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para la celebración de dicho evento.

Durante los trabajos, quedó para turno posterior la Resolución de la Cámara 399, del representante José “Cheito” Hernández Concepción, para realizar una investigación sobre los procesos de radicación, manejo y resolución de querellas ante LUMA Energy, con el fin de evaluar la eficiencia en la atención de los reclamos ciudadanos, su transparencia en los procesos administrativos, los tiempos de respuesta, la continuidad de los trámites y la calidad del servicio prestado.

En iguales términos quedó la Resolución de la Cámara 356, de los representantes Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutierrez Colón y Nelie Lebrón Robles para investigar “la crisis de distribución de agua potable en el municipio de Corozal con el fin de identificar alternativas viables a corto, mediano y largo plazo.

El mismo tratamiento recibió el segundo informe parcial de la Resolución de la Cámara 5 bajo el cual se inquiere el estado actual de los puentes y carreteras tanto estatales como municipales ubicados en Canóvanas, Río Grande y Loíza, que comprenden el Distrito Representativo 37, de la representante Medina Calderón, fue dejado para turno posterior.

Asimismo, quedó para turno posterior, el tercer informe parcial de la Resolución de la Cámara 6, que investiga las gestiones realizadas por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), con relación a los proyectos de mitigación para reducir los riesgos potenciales de inundaciones en los municipios de Canóvanas, Río Grande y Loíza.

Es importante destacar que anunciaron la comunicación escrita y enviada por la gobernadora referente a la designación de Carmen Vega Fournier como Contralora de Puerto Rico y se instruyó a ser referida a la Comisión de Gobierno para el debido proceso de vista pública.