En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo confirmó con un informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, el nombramiento de la licenciada Carmen A. Vega Fournier como contralora de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) por un término de diez años.

“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional de la nominada demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo relacionado a la fiscalización financiera en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la designada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con los deberes y responsabilidades que requiere su cargo”, cita el informe a favor de la nominada.

Además, en referencia a la querella anónima recibida en la Comisión, el líder senatorial indicó que a las 2:00 p.m. no se había recibido información adicional por lo que se le dio paso a la confirmación de Vega Fournier.

De otro lado, recibió aval el Proyecto del Senado 613 (A-068), medida de administración, presentada por Rivera Schatz y la delegación del Partido Nuevo Progresista, para crear la “Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico”. Esta legislación deroga la Ley 40-2012, conocida como la Ley para la Administración e Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico, y establece un nuevo marco legal y tecnológico que posiciona a Puerto Rico a la vanguardia en materia de salud digital y gobernanza de datos médicos.

“Esta legislación representa una herramienta clave para transformar la infraestructura tecnológica del sistema de salud en Puerto Rico y sentar las bases de una ‘utilidad de datos de salud’ al servicio de proveedores, pacientes y entidades gubernamentales. Su aprobación permitirá no solo cumplir con los requerimientos federales en materia de interoperabilidad, sino también avanzar hacia un modelo de atención médica más eficiente, equitativo y centrado en el paciente”, cita el informe.

El proyecto reconoce oficialmente al Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE), adscrito al Programa Medicaid del Departamento de Salud, como la entidad designada por el Estado Libre Asociado para cumplir con los requerimientos federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información en Salud (ONC) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

También, fue aprobado el Proyecto del Senado 56 de Rivera Schatz, para enmendar el “Código Civil de Puerto Rico” a los fines de establecer la mancomunidad de las obligaciones en la responsabilidad extracontractual de cocausantes y la solidaridad a manera de excepción.

El informe cita que la medida devuelve a la mancomunidad su sitial natural en el régimen de las obligaciones en Puerto Rico. “Lo hace sin desconocer la necesidad de excepciones, pues mantiene la solidaridad cuando medie concertación entre cocausantes. Este matiz resulta fundamental: asegura que, en casos de conspiración o actuaciones coordinadas (como intereses en común y relaciones frecuentes), los responsables no puedan evadir la obligación conjunta del daño causado. Pero, en todos los demás supuestos, cuando los cocausarntes actúan de manera independiente, con grados diferenciados de culpa, la justicia reclama que cada uno responda únicamente por la cuota que le corresponde”, detalla.

De igual forma, se le dio paso al Proyecto del Senado 694 del senador de mayoría, Héctor “Gaby” González López, para añadir inciso a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. A los fines de establecer el derecho del conductor o propietario autorizado a no ser responsabilizado por multas administrativas o de tránsito impuestas por hechos ocurridos cuando no figuraba como titular registral del vehículo. Además, prohibir la imposición de restricciones, bloqueos o gravámenes contra vehículos por infracciones atribuibles a un dueño anterior.

“El Proyecto del Senado 694 de la autoría de este servidor es un proyecto que le hace justicia al consumidor puertorriqueño. El proyecto lo que busca es prohibir la imposición de restricciones que afectan la gestión o traspaso de un vehículo por hechos ajenos al nuevo propietario. Esta medida lo que busca es que cuando ese nuevo titular del vehículo vaya a algún CESCO a hacer una transacción con su vehículo, que es su propiedad, no tenga ningún tipo de problema en hacer la transacción cuando las multas sean del titular anterior”, expresó González López.

También, habló a favor de la medida el senador del Partido Popular Democrático (PPD), José “Josian” Santiago Rivera. “Me parece que es uno muy loable y me parece que es de las cosas que tenemos que seguir haciendo en esta Asamblea Legislativa porque de verdad que es un asunto que tiene que ver con tanta gente que al adquirir vehículos usados tienen tantas dificultades cuando hacen gestiones en el Departamento de Transportación de Obras Públicas”, mencionó Santiago.

A la vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 216 de la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad. La medida busca enmendar la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”. Esto con el fin de extender el privilegio de egreso humanitario a pacientes terminales confinados o internados, eliminando la mención específica de SIDA. Incluye nuevas definiciones, entiéndase la participación por escrito con recomendación del Secretario de Justicia y de la Procuradora de las Mujeres en ciertos casos graves como feminicidio, agresión sexual, violencia doméstica, pornovenganza, entre otros.

“Esta Asamblea Legislativa entiende necesario e impostergable que se enmiende la Ley Núm. 25, supra, a los fines previamente argumentados de manera que se tenga un estatuto más claro y completo, en el que también la voz y los derechos de las víctimas sean debidamente considerados y que éste proceso de egreso de los convictos o internos mediante pase extendido no esté susceptible de fraude”, cita la exposición de motivos.

Igualmente, se le dio paso al Proyecto del Senado 375 de la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, para enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de 8 a 15 años, la pena por la comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.

De igual forma, recibió aval el Proyecto del Senado 171 de la autoría de la senadora del PPD, Ada Álvarez Conde. La medida propone enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de hacer mandatorio la imposición de la pena de restitución contra toda persona que resulte convicta por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar el Artículo 250 del Código Penal de Puerto Rico, a los fines de que la pena de restitución sea parte integral de las sentencias por convicción del delito de enriquecimiento ilícito, cuando se obtiene el beneficio perseguido”, menciona la exposición de motivos.

De Álvarez Conde se le dio paso al Proyecto del Senado 174, por petición, para enmendar la Ley Núm. 82 del 5 de mayo de 2006, que declara a marzo como “El Mes de la Concientización Sobre la Endometriosis”, con el propósito de proveer parámetros para el desarrollo de las campañas educativas y de concienciación de la condición. Asimismo, asegurar el acceso a los servicios de salud necesarios para pacientes de endometriosis y la cobertura de los tratamientos para esta condición por parte de planes médicos públicos y privados.

En un turno, la senadora expresó que “este proyecto ha sido por petición y que responde a más de 75 mil mujeres en Puerto Rico que tienen endometriosis. Ya hay una ley, lo que estamos dejando claro es que hay pacientes que necesitan o han pasado un proceso difícil para que entiendan su condición, para que se provean servicios médicos y para que se trabaje con lo que es un problema”.

También, fue avalado el Proyecto del Senado 239 de la senadora del PPD, Marially González Huertas, para enmendar la “Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”. Con el propósito de incluir en la definición de Ofensor Sexual Tipo I el delito de actos lascivos cuando sea cometido contra cualquier persona que haya alcanzado la mayoría. Así como cobijar a las víctimas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales como parte de la definición de Ofensor Sexual Tipo II.

De igual manera, se aprobó la Resolución del Senado 330 de la vicepresidenta senatorial, Marissa Jiménez Santoni. La medida persigue enmendar la Sección 3 de la R. del S. 264, que ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva en torno a la asignación de 36.3 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al Municipio de Arecibo para la construcción de dos rompeolas en la zona costera de la Avenida Atlántico. Se busca evaluar el estado de ejecución del proyecto y las gestiones municipales para asegurar la utilización efectiva de los recursos antes de su fecha de expiración.

Alto Cuerpo da paso a medidas de la Cámara

Por otra parte, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 100 para crear la “Ley para Establecer el Protocolo para la Atención y Prevención de Situaciones de Violencia Intra y Extrafamiliar en los Refugios”. Determinar las guías que deberán regir el Protocolo y fijar los parámetros para su cumplimiento. También, se aprobó el Proyecto de la Cámara 201, que propone enmendar la “Ley para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados”, a los fines de establecer nuevas disposiciones en torno a los planteles de enseñanza e instalaciones recreativas públicas y privadas.

Igualmente, recibieron aval los Proyectos de la Cámara 255, 173 y la Resolución Conjunta de la Cámara 49.