El secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, aclaró hoy los señalamientos emitidos por la Oficina de la Inspectora General (OIG), relacionados con los informes sobre el Programa de Medicaid y la antigua Oficina de Investigaciones —actualmente conocida como la División de Sustancias Controladas—, y expresó que las imputaciones carecen de fundamento.
“Con todo el respeto y reconociendo siempre la labor fiscalizadora de la OIG, entendemos que los señalamientos no se sostienen con la evidencia disponible, ya que no se compraron armas, ni largas ni cortas, con fondos de COVID-19. Aunque yo no era el secretario de Salud en aquel entonces, no es justo que se afirme algo que no es cierto y que afecta la integridad del Departamento de Salud”, puntualizó el titular de Salud.
Respecto al informe OIG 26-010, sobre la alegada compra de armas por parte de la entonces Oficina de Investigaciones durante el periodo de emergencia por COVID-19, el Dr. Ramos Otero fue categórico al señalar que ninguna compra de armas largas ni cortas se concretó con fondos relacionados a la pandemia. “Si bien se inició un proceso de compra, la orden fue cancelada oportunamente. Las adquisiciones que sí se realizaron para la protección del personal respondieron a gastos debidamente autorizados, conforme a la legislación y reglamentación federal vigente”, explicó Ramos.
El Secretario de Salud añadió que “los investigadores de la Unidad de Sustancias Controladas de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud son agentes del orden público y participan activamente en operativos junto a las autoridades que protegen la seguridad de nuestro pueblo. Todos estos inspectores cumplen con las normas, reglamentos y leyes pertinentes”.
En cuanto al informe OIG E-26-001, relacionado con el Programa de Medicaid, el Secretario aclaró que los señalamientos se refieren a la tardanza en la presentación de ciertos documentos fiscales, pero no existe evidencia alguna de que el Departamento haya dejado de recibir $2,000 millones en reembolsos.
“Una cantidad de esa magnitud habría sido detectada de inmediato por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Junta de Supervisión Fiscal, así como por los auditores del Departamento de Salud y los del propio Gobierno de Puerto Rico, dado el impacto que tendría sobre la caja y los estados financieros del Gobierno. Por eso hemos solicitado que se provea un desglose detallado de la alegada cifra de $2,000 millones, pues se trata de una aseveración seria que, de no estar fundamentada, puede afectar la credibilidad pública e incluso la interpretación de los estados financieros del país”, sostuvo el Dr. Ramos Otero.
Asimismo, subrayó que todos los señalamientos incluidos en dicho informe fueron contestados formalmente, y que las acciones correctivas se implementaron antes de que iniciara la auditoría de la OIG.
El Secretario también destacó una diferencia importante en los procesos de auditoría: “A diferencia de la práctica del Contralor, que permite a las agencias responder a los hallazgos preliminares antes de la publicación del informe final, la Oficina de la Inspectora General publica sus informes sin brindar esa oportunidad de respuesta previa. Incluso, el Contralor ofrece la opción de incluir la reacción de la agencia en el informe final cuando un señalamiento no prevalece”, explicó.
Por ello, el titular de Salud recomendó: “Con todo respeto, sería muy positivo que la Oficina de la Inspectora General adopte la práctica del Contralor, de manera que las agencias tengan el derecho y la oportunidad de responder oportunamente a los señalamientos antes de la publicación de los informes finales.
