La gobernadora Jenniffer González Colón vetó el Proyecto de la Cámara 420 y presentó el proyecto de Administración 81, luego de una reunión que convocó con los alcaldes federados y asociados. 

La gobernadora indicó que luego de evaluar detenidamente esta pieza legislativa y escuchar a todas las partes concernidas, impartió un veto expreso ya que como fue aprobado en el Comité de Conferencias de la Cámara de Representantes y el Senado no es cónsono con lo establecido en el Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) que firmaron en su momento todos los candidatos de la colectividad.

La versión que llegó a La Fortaleza tiene un periodo de congelación del impuesto al inventario de 3 años; una derogación explícita del impuesto al inventario, sin periodo de transición ni sustitución al ingreso que se percibe por el cobro de este tributo municipal. “Esta versión, tiene un gran impacto en las finanzas de los municipios en los próximos tres años, y hay serias consecuencias al no poder atender un mecanismo de sustitución de ingresos para poder continuar ofreciendo servicios a nuestra gente”, explicó la gobernadora.  

El pasado 18 de marzo, se presentó la medida legislativa de administración número veinte. Ese mismo mes, la gobernadora se reunió con la Asociación y con la Federación de Alcaldes –en reuniones separadas- pero en ambas, los ejecutivos municipales estuvieron de acuerdo con esta propuesta específica.

La propuesta de nuestro Programa de Gobierno es la siguiente: “congelaremos el impuesto al inventario por un periodo de cinco (5) años, mientras se evalúa un mecanismo para sustituir este impuesto y se hace la transición al mismo. El impuesto al inventario es una medida impositiva regresiva, ineficiente e injusta, que afecta la disponibilidad de mercancía, nos encarece los bienes y es un escollo para el desarrollo económico. Queremos trabajar para eliminar este impuesto, reconociendo que tendremos que buscar una fuente para sustituir los $237 millones anuales que se recaudan a través de este impuesto para los municipios. Buscaremos congelar la responsabilidad contributiva de cada comerciante con respecto al impuesto al inventario durante un periodo de tiempo, para auscultar alternativas reales para eliminar este impuesto. Durante este periodo de congelación, los comerciantes podrán aumentar el volumen de bienes en sus inventarios sin que ello represente una carga contributiva mayor, atendiendo el problema de los niveles de abasto de los bienes de consumo” (página 18).

La falta de lenguaje en el proyecto con respecto a la transición y al mecanismo de sustitución implica que el impuesto al inventario quedaría eliminado para el año contributivo 2028, sin que se identifique la fuente de sustitución de estos ingresos para los municipios. Se explicó en la conferencia de prensa que se estima que la eliminación que propone el lenguaje aprobado del P. de la C. 420, implicaría una pérdida anual de unos $314 millones anuales y que presenta un escenario de merma de ingresos, estatales y municipales.

La gobernadora catalogó a los municipios como la primera línea de defensa ante un desastre, si se llegaba a firmar el proyecto tal y como llegó a La Fortaleza, implicaría pérdidas millonarias a los municipios que conllevaría cancelaciones de programas y de servicios a la población, por lo tanto, les impondría una carga adicional a los municipios.

La gobernadora agradeció “tanto a la Federación de Alcaldes como la Asociación del Alcaldes, la disposición al diálogo, a la conversación a la comunicación, a buscar alternativas y a ser responsable con el uso de las finanzas municipales”.

La mandataria conformó un comité de trabajo para que ayude a la Legislatura a que se puedan identificar esas fuentes de recaudo para sustituir este impuesto al inventario de manera tal que, si se pueden conseguir esa fuente antes de los cinco años que establece la medida, así se pueda hacer en ese sentido.

El comité de trabajo estará dirigido por la secretaría de Estado Rosachely, Rivera, junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera lo integrarán los presidentes de ambas organizaciones: el acalde de Camuy Gabriel Hernández y de Jayuya Jorge “Georgie” González, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, el alcalde de San Juan Miguel Romero, el alcalde de Carolina José Carlos Aponte Dalmau, el alcalde de Aguadilla Julio Roldán, el alcalde de Coamo Juan Carlos García Padilla y el alcalde de Orocovis Jesús “Gardy” Colón. Del sector privado integran el grupo de trabajo la presidenta de la Cámara de Comercio Margaret Ramírez, el director ejecutivo de Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) Gadiel Lebrón, la directora de Asuntos Gubernamentales de Walmart, Puerto Rico, Coral Cummings, el vicepresidente de MIDA Manuel Reyes, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal, Lymaris Otero y el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Agustín Rojo.