La gobernadora Jenniffer González Colón, firmó anoche una nueva ley con el objetivo de uniformar las comunicaciones entre las agencias de seguridad, envío tres proyectos de administración a la Asamblea Legislativa y firmó una orden ejecutiva para agilizar la reconexión de servicios esenciales.
Orden Ejecutiva 2025- 052
Con el objetivo de agilizar la reconexión de servicios esenciales a los beneficiarios de los programas CDBG-DR/MIT, la gobernadora firmó la OE-2025-052. La medida fue trabajada por la secretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Mary Zapata y el Zar de Energía Josué Colón.
Para la reconstrucción de la isla de los desastres naturales ocurridos entre los años 2017 al 2022, como comisionada residente Jenniffer González aseguró la asignación de fondos federales más grande en la historia de la isla. Muchos de estos fondos se depositaron en los programas Community Development Block Grant – Disaster Recovery (“CDBG-DR”) y Community Development Block Grant – Mitigation (“CDBG-MIT”) (en conjunto, “CDBG-DR/MIT”), administrados en la Isla por el Departamento de la Vivienda.
Con estos recursos, se han implementado programas como Reparación, Reconstrucción y Reubicación (“R3”) y Mitigación para Viviendas Unifamiliares (“SFM”), destinados a proveer hogares más seguros y resistentes.
A pesar de las medidas adoptadas, persisten obstáculos en la conexión de servicios esenciales, especialmente de energía eléctrica, debido a requisitos técnicos, servidumbres y trámites ante LUMA Energy (“LUMA”) y la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”), lo que provoca retrasos en la ejecución y culminación de obras financiadas con fondos CDBG-DR/MIT.
Esta Administración ha promulgado órdenes ejecutivas simplificando el proceso de permisos, eliminado disposiciones obsoletas y declarando emergencias de infraestructura para acelerar la recuperación y modernización de los servicios esenciales. A nivel nacional el presidente Donald J. Trump, emitió dos (2) órdenes ejecutivas (Executive Order No. 14154 “Unleashing American Energy” y Executive Order No. 14156), declarando una emergencia energética nacional y ordenando a las agencias federales establecer procesos expeditos para permisos, priorizando la eficiencia por encima de trámites dilatorios.
“La urgencia de garantizar viviendas seguras y el acceso inmediato a servicios esenciales requiere adoptar medidas adicionales que permitan superar los obstáculos existentes y asegurar la prestación de dichos servicios a los beneficiarios de los programas CDBG-DR/MIT”, lee parte de la medida.
Esta Orden Ejecutiva es una de esas medidas a tomar. Esta requiere que en aquellos casos donde fue necesario suspender un servicio en una propiedad, para realizar trabajos bajo alguno de los programas CDBG-DR/MIT, dicho servicio será restablecido con la presentación de una certificación de titularidad.
El hecho de que el solicitante no tenga aún el título de propiedad a su nombre no será un impedimento para la reconexión, aun cuando sea necesario segregar terrenos o constituir servidumbres.
Ley 125-2025 (Proyecto de la Cámara 522/ Medida de Administración 59)
Es una prioridad para el Gobierno de Puerto Rico, uniformar todo lo relacionado a las comunicaciones y el manejo de información de seguridad en aquellas entidades responsables de ello.
Por lo que la nueva ley, enmienda el inciso (b) del Artículo 1.15 de la Ley Núm. 20 – 2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de uniformar los equipos de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico; incorporar la estandarización de bandas de frecuencia de transmisión, con el fin de garantizar una comunicación más efectiva en todos los negociados y la Policía de Puerto Rico, al momento de atender una emergencia; y para otros fines relacionados.
En el Departamento de Seguridad Pública se creará la Oficina de Manejo de Información de Seguridad, a cargo de la política de comunicaciones entre los Negociados bajo el DSP; se asegurará de la interoperabilidad de los sistemas y el data sharing. Además, tendrá el deber y obligación de facilitar y proveer a los demás Negociados y a la Policía de Puerto Rico el acceso y la interconexión de sistemas de información a los fines de servir de herramienta en la lucha por erradicar el crimen y garantizar la seguridad pública proveyendo la información simultánea a los Negociados y a la Policía de Puerto Rico cuando estos así lo requieran.
Proyectos de Administración enviados a la Asamblea Legislativa
A082- Enmiendas Ley Hipotecaria
Enmendar los artículos 11, 236, 237, 238, 280 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como la “Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de facilitar el tráfico jurídico y minimizar los costos de las transacciones jurídicas a la ciudadanía; actualizar los requisitos del registrador de la propiedad; y para otros fines relacionados.
A083- Enmiendas Cap. 44 Código de Seguros
Enmendar el Capítulo 44 del Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, a los fines de atemperar sus disposiciones a las enmiendas introducidas por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés) a la ley modelo “Insurance Holding Company System Regulatory Act”.
Estas enmiendas capacitarán al Comisionado de Seguros con herramientas de fiscalización ágiles y Eficientes, que mejorarán la supervisión de la solvencia y liquidez de aseguradores y organizaciones de servicios de salud dentro de estructuras de control, asegura el cumplimiento con los estándares de la NAIC y fortalece la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros, un logro esencial para la estabilidad y el reconocimiento regulatorio de Puerto Rico. Con estas enmiendas, se robustece la supervisión prudencial de la industria de seguros, protegiendo así a los consumidores a la vez que promueve un mercado competitivo y confiable.
A084- WIPR
Bajo la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, todas las dependencias gubernamentales de las tres ramas de gobierno incluyendo los municipios, deben incluir en los gastos de aquellas campañas que incluyan anuncios de televisión, destinar un 5% para pautar en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).
Este proyecto de administración eviado ayer por la gobernadora a la Asamblea Legislativa, mantiene esa disposición y se añade que se invierta otro 5% de las campañas publicitarias de toda dependencia gubernamental, incluyendo municipios, en los servicios que ofrece WIPR.
“Resulta importante destacar que, al igual que otras agencias y empresas de publicidad en Puerto Rico, WIPR ofrece una variedad de servicios que incluyen producción audiovisual, publicidad digital, mercadeo y relaciones públicas, entre otros. Por tanto, reconocer y ampliar su participación en las campañas publicitarias del Gobierno no solo fortalece su autosuficiencia financiera, sino que además potencia su capacidad de competir y diversificar sus ofrecimientos al servicio del pueblo de Puerto Rico”, explica la medida.
Con esta enmienda a la Ley 103-2006, nuestra Administración persigue garantizar que WIPR obtenga fuentes de ingresos adicionales que le permitan sostener sus operaciones y cumplir cabalmente con su misión educativa, cultural e informativa.
