Con el propósito de fortalecer la prevención y la atención temprana de situaciones de acoso, intimidación, hostigamiento o peligro en espacios abiertos al público, el representante del Distrito 31 (Caguas–Gurabo), Roberto J. López Román, presentó el Proyecto de la Cámara 1041, una medida legislativa para crear la Ley Andrea Ruiz, Protocolo de Auxilio Discreto en Espacios de Esparcimiento, la cual fue referida a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes para su evaluación.
El P. de la C. 1041 declara política pública del Estado la protección de la seguridad, la dignidad humana y la vida, y establece un protocolo de auxilio discreto basado en el uso de una palabra o señal clave. Este mecanismo permitirá que cualquier persona pueda solicitar ayuda inmediata y segura en establecimientos como bares, pubs, discotecas, restaurantes y otros espacios de esparcimiento abiertos al público, sin escalar conflictos ni exponerse a posibles represalias.
“La seguridad y la dignidad humana constituyen valores fundamentales del ordenamiento jurídico del Gobierno de Puerto Rico. Ante la emergencia por violencia de género reconocida por el Estado, resulta impostergable la adopción de medidas preventivas, ágiles y eficaces que protejan a las personas en situaciones de vulnerabilidad”, dispone la exposición de motivos del proyecto presentado por el legislador.
La medida establece deberes específicos de capacitación para el personal de los establecimientos, requisitos de señalización visible para el público y un marco de coordinación interagencial. Asimismo, faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y a la Policía de Puerto Rico para la implantación, fiscalización y cumplimiento del protocolo, e incluye sanciones administrativas para asegurar su efectividad, con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de las víctimas.
“Esta iniciativa responde a una realidad recurrente en los espacios de esparcimiento, donde con frecuencia ocurren situaciones incómodas o potencialmente peligrosas que, aunque no constituyen de inmediato un delito, colocan a las personas afectadas en una posición de vulnerabilidad que requiere asistencia inmediata, discreta y segura”, expresó el representante López Román. Añadió además que “la ausencia de mecanismos claros y normalizados para solicitar ayuda ha desalentado históricamente la búsqueda de auxilio oportuno en este tipo de situaciones”.
El legislador explicó que experiencias similares en otras jurisdicciones de los Estados Unidos y en distintas partes del mundo han demostrado la efectividad de protocolos de auxilio discreto basados en palabras o señales clave reconocidas por el personal de los establecimientos. “La implantación de un mecanismo similar en Puerto Rico, adaptado a nuestra realidad jurídica y social, constituye una medida razonable, proporcional y necesaria para la prevención y la protección de personas que puedan ser víctimas de violencia”, sostuvo.
La medida honra la memoria de Andrea Ruiz, una joven puertorriqueña víctima de violencia de género asesinada en el año 2021, cuyo caso conmocionó al país y evidenció fallas institucionales en la prevención y atención temprana del riesgo. “Honrar la memoria de Andrea implica impulsar mecanismos más ágiles, sensitivos y eficaces para proteger la vida y la dignidad humana. No podemos permitir que más mujeres se conviertan en estadísticas; debemos educar y crear una sociedad capaz de reconocer las señales de auxilio y responder a tiempo para salvar vidas”, puntualizó López Román.
Con el P. de la C. 1041, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres asumirá un rol clave de asesoría y coordinación técnica en los esfuerzos de orientación pública, capacitación y sensibilización necesarios para la correcta implantación del Protocolo Andrea Ruiz, reafirmando el compromiso del Estado con la erradicación de la violencia y la protección de los derechos humanos.
