Como parte de su compromiso institucional con el acceso efectivo a la justicia, el Poder Judicial de Puerto Rico formalizó un acuerdo de colaboración con el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a través del Centro Integral de Apoyo a Víctimas de la Escuela de Derecho (CIAV), para ofrecer servicios de intercesoría legal a personas adultas mayores que participan en procesos judiciales.
Mediante esta alianza, se brindará orientación y acompañamiento en casos de naturaleza civil, particularmente en situaciones relacionadas con maltrato, órdenes de protección u otros asuntos contemplados en la legislación aplicable. Estos servicios están dirigidos a facilitar la comprensión de los procesos judiciales y apoyar el trámite efectivo de sus reclamos.
“El aumento de la población de personas adultas mayores requiere desarrollar estrategias que atiendan la creciente demanda de servicios de este sector. Este acuerdo de colaboración con la Universidad de Puerto Rico se enmarca en ese objetivo, al fortalecer los mecanismos institucionales para promover la protección efectiva de esta población y ampliar las alternativas de orientación y acompañamiento en los procesos judiciales. Con esta iniciativa, el Poder Judicial reafirma su deber de garantizar un acceso efectivo a la justicia y a los tribunales, en especial para quienes enfrentan barreras para hacer valer sus derechos”, expresó el Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa.
Los servicios estarán disponibles en los centros judiciales de Carolina y San Juan, así como en las salas municipales de Barceloneta y Manatí, correspondientes a la Región Judicial de Arecibo, y y en la sala municipal de Guaynabo, correspondiente a la Región Judicial de Bayamón. La intercesoría será brindada por la licenciada Anabel González Varela, adscrita al CIAV, como parte del proyecto subvencionado mediante la beca Charles Hey Maestre del Fondo de Acceso a la Justicia.
Con esta iniciativa, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la eliminación de barreras que enfrentan las poblaciones en condición de vulnerabilidad y con el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales que promuevan un acceso más humano y efectivo a la justicia.
