La Junta de Libertad Bajo Palabra expresó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por los hechos recientemente reseñados en torno al caso de Carlos Estéfano Pino, al tiempo que reiteró que la protección de la seguridad pública constituye el eje principal de todas sus determinaciones.

“La Junta de Libertad Bajo Palabra expresa su solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas… La Junta reconoce la preocupación legítima que este tipo de situaciones provoca en la ciudadanía y reitera que la protección de la seguridad pública constituye el eje principal de todas sus determinaciones.”

La entidad indicó que, por respeto a los procesos investigativos en curso, no emitirá juicios sobre los hechos, aunque aseguró que colaborará plenamente con cualquier investigación oficial.

“La Junta mantiene su absoluta disposición para colaborar con cualquier investigación oficial y proveer toda la información que sea requerida conforme al ordenamiento jurídico vigente.”

Asimismo, enfatizó que las decisiones sobre la concesión de libertad bajo palabra no son automáticas ni arbitrarias, sino que responden a una evaluación individualizada conforme a la Constitución, la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, y su reglamento.

“Cada caso es evaluado de manera individualizada, rigurosa y conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, y el Reglamento para la Consideración de Casos de Libertad Bajo Palabra.”

La Junta aclaró además que la composición actual del organismo no fue la que concedió originalmente el privilegio de libertad bajo palabra a Carlos Estéfano Pino.

“Es importante destacar que la actual composición de la Junta de Libertad Bajo Palabra no fue la que emitió la determinación mediante la cual se concedió originalmente el privilegio de libertad bajo palabra en el caso de Carlos Estéfano Pino.”

No obstante, explicó que posteriormente realizó una revisión del expediente administrativo y concluyó que la información disponible reflejaba el cumplimiento de los criterios objetivos establecidos por la ley para mantener vigente dicho privilegio.

A raíz de este y otros casos, la Junta reconoció la necesidad de evaluar posibles cambios a la legislación vigente para fortalecer los mecanismos de evaluación de riesgo y la protección de la seguridad pública.

“La experiencia derivada de este y otros casos comprueba la importancia de evaluar posibles enmiendas a la legislación vigente que permitan fortalecer aún más el proceso de evaluación de los candidatos a libertad bajo palabra.”

Según la Junta, desde el año 2025 se han concedido 166 privilegios de libertad bajo palabra, de los cuales 71 casos (42.8 %) corresponden a personas condenadas por asesinato y 95 casos (57.2 %) a personas condenadas por otros delitos.

“Estas cifras evidencian que las determinaciones de la Junta responden a un análisis individualizado y riguroso de cada caso, y no a una práctica de concesión automática del privilegio.”

Finalmente, la Junta reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía, los derechos de las víctimas y el principio constitucional de rehabilitación.

“La Junta continuará ejerciendo sus funciones con independencia, transparencia, responsabilidad institucional y estricto apego a la ley, procurando siempre el delicado equilibrio entre la seguridad pública, los derechos de las víctimas, la correcta administración de la justicia y la rehabilitación efectiva.”