El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Lcdo. Arnaldo J. Ortiz, junto a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, anunciaron hoy la firma de un acuerdo colaborativo para fiscalizar, investigar y referir, de ser necesario, posibles casos de manejo inadecuado de fondos pertenecientes a pensionados que, por razones de salud física o mental, se encuentran imposibilitados de administrar sus propios recursos. El acuerdo surge ante el incumplimiento de cientos de tutores en la presentación de sus informes de gastos y de la evidencia requerida anualmente.
La colaboración entre ambas agencias tiene el propósito de proteger a los pensionados bajo tutela y asegurar que los tutores cumplan con la correcta administración de los fondos. De esta forma, se encamina la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón para proteger a los adultos mayores contra riesgos de maltrato, negligencia y explotación financiera.
El director ejecutivo explicó que, tras múltiples esfuerzos realizados por la agencia para lograr que cientos de tutores cumplieran con la entrega de sus informes anuales, todavía permanecen muchos en incumplimiento.
“Ante este escenario, logramos unir esfuerzos con el Departamento de la Familia para establecer un mecanismo formal de colaboración que nos permita proteger a los pensionados y, de ser necesario, retener pagos y nombrar tutores provisionales en casos de maltrato o explotación financiera. Los tutores tienen que rendir cuentas sobre el uso del dinero de los pensionados incapacitados”, expresó Ortiz Miranda.
Según el Reglamento para la Designación Administrativa de Tutores, el tutor designado deberá administrar el dinero de la pensión que corresponde al tutelado, velando siempre por sus mejores intereses y manejando los fondos con prudencia y cuidado. Además, deberá rendir un informe anual acompañado de la evidencia correspondiente.
El incumplimiento de estas disposiciones será causa para que se suspendan los pagos y/o el tutor sea removido del cargo. Además, podría conllevar la devolución del dinero administrado indebidamente.
Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, afirmó que “la protección de nuestros adultos mayores y de las personas más vulnerables es una prioridad inaplazable. Este acuerdo fortalece nuestra capacidad de fiscalizar, actuar con prontitud y garantizar que cada tutor cumpla con su responsabilidad con transparencia y respeto. Desde el Departamento de la Familia reafirmamos nuestro compromiso de velar por el bienestar y la dignidad de quienes dependen de estos recursos para su calidad de vida”.
