El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, ordenó la suspensión inmediata de empleo y sueldo del agente Dariel Otero Rodríguez, adscrito al Distrito de Barranquitas, luego de que un tribunal determinara causa probable para arresto en su contra por dos cargos al amparo del artículo 3.1 de la Ley 54.
“La Policía de Puerto Rico condena enérgicamente cualquier acto de violencia doméstica. Este tipo de conducta es incompatible con los valores, la ética y el compromiso que exige el servicio público y el uniforme que representamos”, expresó González Falcón mediante declaraciones escritas.
El funcionario explicó que la medida administrativa fue tomada tan pronto la institución tuvo conocimiento de la determinación judicial.
“Tan pronto tuvimos conocimiento de la determinación de causa para arresto contra el agente Dariel Otero Rodríguez, adscrito al Distrito de Barranquitas, ordené la suspensión inmediata de empleo y sueldo del agente involucrado, conforme a los procesos administrativos y reglamentarios aplicables en la Policía de Puerto Rico”, indicó.
Asimismo, recalcó que los integrantes de la Uniformada están sujetos a las mismas leyes y procedimientos judiciales que el resto de la ciudadanía.
“Queremos ser claros: ningún miembro de esta institución está por encima de la ley. Cuando un policía es señalado por la presunta comisión de un delito, enfrentará el mismo proceso de justicia que cualquier otro ciudadano, mientras la institución toma las medidas administrativas correspondientes”, sostuvo González Falcón.
El superintendente reiteró el compromiso de la Policía con la protección de las víctimas, la transparencia institucional y la rendición de cuentas.
“Reconocemos la seriedad de los casos de violencia doméstica y reiteramos nuestro compromiso con la protección de las víctimas, el estricto cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas. La confianza del pueblo en su Policía se sostiene actuando con firmeza, transparencia y sin tolerancia hacia este tipo de conducta”, puntualizó.
Tribunal determina causa y fija fianza de $40,000
Durante la tarde del 2 de agosto de 2026, el agente Jesús Pérez Rivera y la sargento Luz Rivera Robles, adscritos a la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles del CIC de Aibonito, consultaron el caso con la fiscal Andrea Santiago Giraldo.
La investigación culminó con la radicación de dos cargos por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 contra Otero Rodríguez, de 29 años, residente de Orocovis y agente adscrito al Distrito de Barranquitas.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Coamo. Se alega que, en fechas previas, Otero Rodríguez intimidó a una mujer de 24 años, con quien mantuvo una relación durante 11 meses, provocándole temor por su seguridad y afectando su bienestar emocional.
También se alega que el 31 de julio de 2026 continuó incurriendo en un patrón de maltrato emocional al proferir palabras ofensivas contra la perjudicada mientras esta realizaba una llamada telefónica.
El caso fue presentado ante la jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa probable en los cargos presentados.
La jueza fijó una fianza global de $40,000, impuso supervisión electrónica y expidió una orden de protección. El imputado quedó en libertad luego de prestar la fianza mediante la Organización COPS.
La vista preliminar fue señalada para el 18 de agosto de 2026.
