La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) informó hoy que el Gobierno de Puerto Rico ha monitoreado activamente, durante el último año, la reestructuración de New Fortress Energy (NFE), con atención particular a la continuidad del suministro de combustible y al cumplimiento de las obligaciones operacionales de Genera PR.

“La prioridad del Gobierno es proteger la continuidad y confiabilidad del servicio energético y el interés público. Hemos seguido este proceso desde sus primeras etapas. La información divulgada apunta a una reestructuración ordenada, con amplio apoyo de los acreedores y las aprobaciones judiciales correspondientes. No obstante, aún quedan asuntos por finalizarse por lo que mantendremos una vigilancia rigurosa hasta su conclusión”, expresó la directora ejecutiva interina de la AAFAF, Lcda. Vicky K. González Vega.

Según se desprende del informe trimestral sometido por NFE, el 17 de marzo de 2026, la compañía suscribió un acuerdo de apoyo a la reestructuración que contempla reducir su deuda corporativa de aproximadamente $5.7 mil millones de dólares a cerca de $527 millones, lo que representa una disminución en su deuda de aproximadamente 91%. El informe indica, además, que los planes de restructuración recibieron el apoyo casi unánime de los acreedores, fueron aprobados por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y reconocidos en los Estados Unidos por el Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York. Se proyecta que la reestructuración culmine durante el tercer trimestre de 2026.

El Gobierno continúa dando seguimiento al proceso para procurar que este no afecte el suministro de combustible en la Isla, ni el cumplimiento de las obligaciones operacionales de Genera PR. La información disponible permite anticipar continuidad operacional mientras culmina la restructuración.

La AAFAF reconoce las preocupaciones expresadas públicamente y reitera que todo planteamiento contractual debe evaluarse con seriedad e independencia, conforme a los hechos, los acuerdos y el marco legal aplicable. “La existencia de un proceso de reestructuración corporativa no implica, por sí sola, una conclusión sobre la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones. El Gobierno continuará coordinando con las entidades con jurisdicción para procurar que cualquier determinación proteja la estabilidad del sistema eléctrico, la continuidad del servicio y el mejor interés de nuestro pueblo” reiteró la Lcda. González Vega.