La Ley 80 conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado podría terminar en los tribunales ante la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal para su implementación. Como si fuera poco y, aunque unos 10,500 empleados públicos han mostrado interés en este programa, la ley tendría que ser enmendada con el fin de excluir empleados de municipios y agencias con el fin de cumplir con ahorros netos. Estos fueron algunos de los datos presentado en la Comisión de Gobierno del Senado que preside Ramón Ruiz Nieves.
