La Comisión de Nombramientos, que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, evaluó hoy la designación del licenciado Alejandro Salgado Colón, como administrador de la Administración de Vivienda Pública, agencia adscrita al Departamento de la Vivienda.
“En la actualidad, la Administración de Vivienda Pública administra 53,673 unidades de vivienda en 333 residenciales públicos, distribuidos en 11 áreas en toda la isla, con excepción del municipio de Culebra. La administración directa de cada uno de los residenciales está actualmente subcontratada con 11 agentes administradores y el municipio de Camuy. Por su parte, bajo el programa Sección 8 contamos con 12,976 vales para alquiler de vivienda. Cabe mencionar que a partir del 1 de julio de 2021 este número aumentará con la asignación de 218 vales para atender las necesidades de personas sin hogar, en riesgo de quedarse sin hogar, víctimas de violencia de género, entre otras”, destacó Salgado, quien lleva laborando desde el 2017 en Vivienda Pública.
La senadora Gretchen Hau, quien fungió como presidenta incidental de la Comisión durante la vista, le cuestionó a Salgado sobre el tema de desaucios por los pagos de utilidades como luz y agua y cómo lo trabajaría la AVP. Salgado respondió que “dado la transición de energía eléctrica a LUMA, esto ciertamente ha causado cierta ansiedad en los residentes de vivienda pública. Nosotros hemos mantenido comunicación con los líderes de nuestras comunidades orientándolos sobre el proceso de transición y aclarando que la tarifa fija o subsidio aprobada bajo ley en nada se vería afectada por una transición de energía eléctrica. Además, hemos estado en comunicación con personal de Luma”.
Igualmente, la Senadora preguntó sobre cuántos empleados fueron asignados a la Administración de Vivienda Pública por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Salgado contestó que fueron transferidos originalmente 56 empleados pero hasta la fecha se han presentado 40 empleados. “A estos empleados se les identificó el área conforme a los puestos que tenían en la AEE. Se han distribuido entre la oficina central y regional de acuerdo a sus residencias”, explicó Salgado.
En su turno de preguntas al nominado, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, le indicó que “como es de conocimiento público la zona sur del país fue la más impactada por los terremotos. Le pregunto, ¿cuál es el inventario de residenciales públicos comprometidos estructuralmente en la zona y cuántas familias se vieron obligadas a salir de sus unidades de vivienda y qué alternativas se les han ofrecido?”.
El designado respondió que fueron aproximadamente siete proyectos los que se vieron afectados en el sur. “El más afectado siendo el residencial Luis Muñoz Rivera en el municipio de Guánica. Este residencial se tuvo que desocupar por problemas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de las familias. A estas familias se les ofreció alternativas. Las reparaciones al proyecto ya comenzaron y se espera realojar a las familias nuevamente lo antes posible. Los otros proyectos recibieron daños, pero no fueron significativos como para desalojarlos por completo”, detalló Salgado.
También, González indagó sobre la preparación de refugios debido a que la AVP es responsable de los mismos. El designado respondió que se han inspeccionado 346 instalaciones para ser utilizadas como refugio debidamente certificadas. Estos tendrían una capacidad de 38,696 refugiados con las medidas de distanciamiento. Además, informó que se han distribuido 26 mil catres y hay unos seis mil adicionales. Igualmente, mencionó la distribución de suministros y equipos necesarios. “Estamos preparados para la administración de refugios con las diversas guías establecidas”, afirmó.
De otro lado, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, preguntó sobre qué acción se está tomando referente al posible uso de vivienda pública como alquiler en plataformas digitales. Salgado enfatizó que “se ha iniciado un proceso de investigación. A la fecha hemos identificado un posible caso de una unidad de vivienda pública en el municipio de Mayagüez que alegadamente fue utilizada para esta práctica y le tengo que informar a la comisión que ha comenzado un proceso de cancelación de contrato cumpliendo con el debido proceso de ley a la persona residente. Utilizar alguna de las unidades de vivienda pública para el alquiler en alguna de las plataformas digitales es una violación a la reglamentación del contrato de arrendamiento”.
Por otra parte, Salgado mencionó que Vivienda Pública cuenta con un presupuesto de $562.1 millones, de los cuales el 99.5% provienen de fondos federales asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), una vez aprobado el Plan Anual.
