El consenso entre el Gobernador y los alcaldes es que prevalece el Estado de derecho actual , lo que significa que se actuará en los municipios según lo que dispone la ley 29 que los exime de las aportaciones al plan vital y al llamado “pay as you go”.
El alcalde de Cidra y presidente de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo y el alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, coincidieron el miércoles en que los fondos de la Ley 29, que eximiría a los municipios de hacer aportaciones al Sistema de Retiro y al plan de salud del gobierno, deben ser incluidos en el presupuesto.
Esto, ante la movida de la Junta de Control Fiscal (JCF) de no redirigir esos fondos como parte del presupuesto certificado.
“Nosotros propusimos lo que se convirtió en la Ley 29 que es básicamente un divorcio de los municipios y el estado en el sentido de que nosotros renunciamos a las aportaciones del estado, pero le pedimos al estado que nos librara de las obligaciones que tenemos que aportar al Sistema de Retiro y al sistema de salud”, explicó Carrasquillo a la prensa.
“Había una responsabilidad de parte del estado de identificar el dinero necesario para cubrir esa obligación a ambos sistemas que no iba a provenir de los municipios a partir de julio en adelante. El gobernador hizo lo propio, sometió el presupuesto que contenía las asignaciones y fue certificado por AAFAF. Aún así la Junta de Control Fiscal (JCF) ha manifestado que la Ley 29 es inconsistente con el plan fiscal”, agregó.
Las declaraciones se dieron en el marco de una reunión en la Fortaleza de varios alcaldes con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo el domingo que por presión de los alcaldes en el Senado se decidió incluir la partida de ‘Pay as You Go’ y la aportación al Plan Vital en la Resolución de Presupuesto.
“Es un asunto que solamente tiene una salida que es identificar los recursos dentro del presupuesto de Puerto Rico para cubrir esas necesidades y que se le permita a los municipios con sus propios recursos alimentar y mantener el Fondo de Equiparación”, apuntó el alcalde cidreño.
De otra parte, indicó que la Junta del CRIM aprobó una resolución para no someter ninguna información a la JCF, ni presentar el plan fiscal hasta que se discuta con el ente federal el propósito de intervenir con 10 pueblos y solicitar un plan fiscal a la mencionada corporación. Dijo que solicitaron ya una reunión con la JCF.
“Nunca nos hemos negado a cumplir con las disposiciones y el CRIM preparó su plan fiscal pero llega el momento en que hay mucha incertidumbre en cuál va a ser el futuro de los municipio, comenzamos un nuevo años fiscal. Los municipios prepararon sus presupuestos basado en una certificación del CRIM que contiene la disposición de la Ley 29 y queremos ver si la intención de la Junta es acudir al tribunal y que prevalezca el presupuesto de la Junta (de Control Fiscal)”, señaló.
Por su parte, el alcalde de Camuy indicó que “no se puede aprobar una ley y luego hacer una resolución aparte como si la ley no estuviese aprobada… Si está aprobada tenía que incluirse dentro del presupuesto y tenemos que ver cuál va a ser la posición de la Junta de Control Fiscal, quien va al tribunal, quien no va, si es que terminamos en el tribunal. La movida de la Legislatura fue la correcta. (La Ley 29) tiene que estar en el presupuesto”.
Agregó que entregaron a la JCF el plan fiscal solicitado, a pesar que no han recibido respuesta del ente federal.
“Los municipios están en peligro todo el tiempo. La Asociación y la Federación (de Alcaldes) no han podido manejar adecuadamente las responsabilidades del estado y las responsabilidades de los municipios y fijar esas responsabilidades cuando se imponen cargas que no debemos llevar. Caímos casi en el fondo del barril porque a tiempo no pudimos establecer las bases de la necesidad de los municipios”, sostuvo García Feliciano.
