Un grupo de alguaciles adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico abogaron el jueves para que sean incluidos como servidores públicos de alto riesgo en la Ley 47-1951 del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes.
El cuerpo de alguaciles compareció a la sesión pública para discutir el Proyecto de la Cámara 504 (PC 504), que persigue disponer que los funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio.
La pieza legislativa, radicada por el representante Orlando Aponte Rosario, también persigue extender, por excepción, la edad de retiro obligatorio para servidores públicos de alto riesgo a 62 años. “Nosotros estamos en mucha desventaja. Si nos ocurre algún incidente, no estamos protegidos por ningún seguro. No hay nada que nos cobije. Solamente que la familia nos vaya a ver al cementerio si nos pasara algo”, denunció Amílcar Gerena, un alguacil auxiliar adscrito a la región judicial de Utuado.
El funcionario, con 15 años de servicio, manifestó durante su turno como deponente que “lo que queremos es igualdad de ley y justicia”, pues aseguró que los alguaciles son los funcionarios más desprotegidos de todos los empleados del orden público. Actualmente, aproximadamente 800 alguaciles laboran en el sistema de la Rama Judicial.
“Los empleados de la Rama Judicial, incluyendo los alguaciles, somos empleados públicos para algunas cosas, y no somos empleados públicos para otras”, expresó. “Se podría hacer la pregunta de cuántos alguaciles han muerto para que sean catalogados como (empleados de) alto riesgo, pero pienso yo que esa no debería ser la pregunta. La pregunta debería ser cuántos alguaciles tenemos que esperar que mueran en la calle para entonces tomar acción”.
Por su parte, el alguacil auxiliar Celso Fuentes, de la región de Aibonito, desglosó a la comisión cameral una diversidad de peligros que enfrentan continuamente al llevar a cabo sus funciones. Entre ellos, labores que correspondían a empleados correccionales, pero que ahora fueron encargadas a los alguaciles, como el transporte de confinados estatales y federales.
Otros trabajos de alto riesgo incluyen el diligenciamiento de citaciones a tribunales, órdenes de arresto y órdenes de protección en casos de Ley 54 por violencia doméstica. De igual forma, los alguaciles están encargados de realizar órdenes de embargo de salario, desahucios y hasta remoción de menores en sala, lo que los expone a reacciones violentas por parte de las personas contra quienes se ejecuta la acción legal.
“A este servidor le han ocurrido varios eventos diligenciando órdenes de arresto y citaciones. En uno de ellos, la persona que fuimos a arrestar se tiró por un risco, y al yo tenerlo agarrado, me fui con él por el risco, en Cayey”, narró Fuentes, al tiempo que contó que otros compañeros han sufrido lesiones graves en medio de intervenciones. El funcionario explicó que la gran mayoría de los arrestos se efectúan por la Oficina de Alguaciles, pues solo cuentan con la colaboración del Negociado de la Policía y otras agencias cuando se trata de operativos.
Mientras, el alguacil Samuel Conde, adscrito a la región judicial de Carolina, relató un incidente en el que inicialmente se trataba de un “arresto sencillo”, pero al llegar a la residencia – que estaba abandonada – resultó ser el arresto de uno de los prófugos más buscados del área policiaca de Carolina. En la escena también encontraron armas largas y drogas.
“Esto es una cosa que es bien delicada. Nosotros llegamos a un sitio y no sabemos si vamos a llegar a nuestros hogares. Todos los compañeros nos arriesgamos mucho”, dijo el empleado con voz entrecortada. “Nosotros arriesgamos nuestras vidas en todo momento”.
De acuerdo con los funcionarios, el salario base de puestos de alguaciles es de 1,720 dólares. Hace 10 años que estos funcionarios no reciben un aumento de salario, indicaron a preguntas del presidente de la comisión cameral, Domingo Torres García.
También reclamaron que no se beneficiaron de un incentivo de 2,000 dólares para alguaciles de la Rama Judicial anunciado por la pasada administración gubernamental como parte de las ayudas económicas en medio de la pandemia del COVID-19. Según el grupo de deponentes, la Rama Judicial recibió el dinero, pero no cumplió a cabalidad con la guía de distribución que emitió la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Solo un aproximado de 60 por ciento de los alguaciles recibió el incentivo, indicó Fuentes. Sin embargo, la mayoría solo obtuvo 400 dólares y una “ínfima parte” recibió el dinero en su totalidad. “Los alguaciles, que éramos los que estábamos dando el frente a los tribunales; recibiendo el personal y atendiendo el personal, nos dejaron sin ningún centavo de los beneficios emitidos”, señaló.
La comisión cameral se comprometió en solicitarle al gobernador Pedro Pierluisi incluir a los alguaciles dentro de los beneficiarios de la nueva ronda de incentivos mediante la ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).
El cuerpo de alguaciles, por otro lado, sugirió enmiendas al lenguaje del proyecto y eliminar la disposición que establece que cualquier beneficio monetario estará sujeto a la disponibilidad de fondos para sufragarlo, pues afirman que abriría la puerta a que nunca se otorguen.
“Esperamos que luego de finalizar el proceso de las vistas públicas sea acogido con buenos ojos el proyecto, pueda pasar al Senado y que finalmente el gobernador pueda firmarlo y hacerle justicia a los trabajadores y trabajadoras en el área de la Rama Judicial”, expresó Torres García.
