Atemperan la política publica para las personas de la tercera edad y su bienestar integral

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La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar Matos, avaló el lunes en vista pública la legislación que establece la Política Pública y la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada presentada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el pasado 31 de mayo de 2019, donde además se detallan las responsabilidades de las agencias e instrumentalidades del Gobierno y organizaciones, así como define el proceso de solicitud de órdenes de protección para este sector de la población.

“Reconociendo los cambios poblacionales y cómo éstos moldean la sostenibilidad económica y el balance social es necesario el examen de las políticas públicas e iniciativas para atender esas necesidades, particularmente este sector de edad avanzada”, argumentó la secretaria de la Familia en comunicación escrita.

A juicio de la funcionaria, el Proyecto de la Cámara Número 2141 es una legislación de avanzada en favor de los adultos mayores. “Es una clara obligación del Estado en beneficio de las personas de edad avanzada y un importante paso para el establecimiento de una política pública fuerte y robusta que reconoce los cambios poblacionales que están surgiendo en Puerto Rico, así como la necesidad de legislar atendiendo esta realidad”.

Andújar Matos expresó que “esta legislación enfoca en las bases para propiciar condiciones adecuadas que promuevan en las personas de edad avanzada, el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales”.

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar Matos, avaló el lunes en vista pública la legislación que establece la Política Pública y la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada presentada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el pasado 31 de mayo de 2019, donde además se detallan las responsabilidades de las agencias e instrumentalidades del Gobierno y organizaciones, así como define el proceso de solicitud de órdenes de protección para este sector de la población.

La funcionaria explicó en su ponencia, que “a pesar de haber legislación previa que reconoce algunos de estos derechos, tomando en consideración el aumento de la población de personas de edad avanzada en Puerto Rico, los cambios en la expectativa de vida y estilos de vida de los adultos mayores, se hace necesario que dicha legislación sea revisada, de manera que incluya disposiciones legales que provean herramientas adicionales que les garantice una mejor calidad de vida”.

El Proyecto de la Cámara 2141, que es evaluado en vistas públicas de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el trato a las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico que preside la Hon. Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández, fue trabajado por profesionales de la gerontología y organizaciones de abogacía social de la población de la tercera edad.

En su evaluación de la medida, Andújar Matos abundó en que “el Proyecto brinda salvaguardas adicionales que la ley vigente no contiene. En el mismo se integran derechos para las personas de edad avanzada, que, si bien forman parte o pudiesen formar parte de legislaciones especiales, mediante el mismo se integran en una sola ley, lo cual brinda uniformidad para el manejo de situaciones de protección de derechos de esta población, así como nuevos derechos y una nueva parte sobre los derechos de salud, alimentación y familia”.

La legislación establece en su artículo 7, las responsabilidades y deberes del Departamento de la Familia, conforme con la política pública de la administración, desde una perspectiva de prevención, identificación, investigación, supervisión protectora y tratamiento social.

Mientras, el artículo 8, establece la responsabilidad y coordinación con otros componentes del Gobierno, como los Municipios, organismos de la sociedad civil, agencias e instrumentalidades públicas y la Rama Judicial. Esto, con atención a que se le brinde prioridad a todo tipo de situación de maltrato hacia personas de edad avanzada.

El proyecto de ley amplía la definición de maltrato disponiendo que se trata de trato cruel o negligente a una persona de edad avanzada por parte de otra persona, que le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud, su bienestar o a sus bienes.

“El maltrato de personas de edad avanzada incluido en la legislación enumera el abuso físico, emocional, financiero, negligencia, abandono, agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, violación de correspondencia, discrimen de edad, restricción de derechos civiles, explotación y abuso sexual, entre otros. El maltrato puede darse por acción o por omisión y puede ser perpetrado por un familiar, amigo, conocido o desconocido”, manifestó la funcionaria.

Para finalizar la Secretaria se comprometió con el fortalecimiento de las iniciativas para la población de edad avanzada y su calidad de vida.

“En el Departamento de la Familia, conscientes de nuestra responsabilidad ministerial, continuaremos fortaleciendo y estableciendo aquellas iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada”, reafirmó la funcionaria.