El senador del Distrito de Carolina y presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, radicó la Resolución del Senado 543 para investigar el cumplimiento de la Ley 142-2018, conocida como la “Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia”, ante las continuas interrupciones en el servicio de agua potable que han afectado a miles de familias, comercios, hoteles, condominios e instalaciones críticas en Carolina, Loíza e Isla Verde.

La medida surge luego de las múltiples averías reportadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), las cuales provocaron interrupciones y bajas presiones en el servicio de agua potable, obligando incluso a la activación de recursos de la Guardia Nacional y la movilización de camiones cisterna para suplir agua a las comunidades afectadas.

“No podemos permitir que los ciudadanos paguen por un servicio que no han recibido de forma adecuada, mientras enfrentan gastos adicionales para suplir una necesidad tan básica como el acceso al agua potable”, expresó el senador.

La resolución busca examinar la posibilidad de que algunos abonados estén siendo facturados por agua suplida mediante camiones cisterna, particularmente en condominios y edificios de Isla Verde, donde el proceso de llenado de cisternas podría estar activando los contadores de la AAA y generando cargos adicionales a pesar de que el servicio no fue provisto directamente por la corporación pública.

“Si un residente, comercio o condominio tuvo que depender de camiones cisterna para obtener agua, resulta inaceptable que posteriormente tenga que asumir cargos por un servicio que la propia Autoridad no pudo brindar. La Ley 143-2018 fue creada precisamente para proteger a los consumidores en circunstancias como las que estamos viviendo actualmente”, añadió Sánchez Álvarez.

El legislador destacó además que la situación ha tenido un impacto económico significativo sobre residentes, comercios, hoteles y entidades estratégicas de la región, incluyendo instalaciones turísticas y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que han tenido que invertir recursos extraordinarios para garantizar el acceso al agua y mantener sus operaciones. Como parte de la investigación, la Comisión evaluará si la AAA está cumpliendo con las disposiciones legales que establecen que los consumidores no deben ser facturados por períodos en los cuales no recibieron el servicio o lo recibieron de forma parcial. Asimismo, se examinarán posibles medidas legislativas y administrativas para garantizar una mayor protección a los abonados afectados.