La Cámara de Representantes aprobó este lunes de manera unánime un proyecto de ley que propone la creación de un programa de apoyo integral que facilite la reintegración social de policías estatales retirados al abordar sus necesidades laborales, económicas y de salud mental.

El Proyecto de la Cámara 569, de la autoría del representante Emilio Carlo Acosta, tiene como fin garantizar que los policías retirados reciban las herramientas necesarias para adaptarse exitosamente a la vida después del servicio.

“El paso del trabajo policial activo a la jubilación no solo implica un cambio en lo económico, sino también en lo psicológico, emocional y social. La falta de planificación y recursos adecuados en esta etapa puede traducirse en desorientación, dificultades económicas, problemas de salud mental y una pérdida de propósito o identidad”, señaló el autor de la medida.

Tras su evaluación en la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, la pieza legislativa recibió varias enmiendas para que la transición sea liderada por la Policía de Puerto Rico y cumpla con los parámetros del Acuerdo para la Reforma Sostenible, pero con la colaboración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Asimismo, la legislación delega en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) el peritaje clínico necesario y establece un Protocolo de Delimitación de Funciones para que las agencias definan sus competencias, evitando la duplicidad de esfuerzos y el malgasto de fondos públicos.

El informe positivo del proyecto destaca que su aprobación conllevaría un impacto fiscal al requerir la asignación de recursos para la operación del programa, pero al momento de presentarlo el pasado 21 de abril, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) no había sometido su análisis.

El reporte también menciona la ausencia de comentarios por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 1164, que propone enmendar la Carta de Derechos a Favor de los Adultos Mayores con el propósito de incorporar el derecho a la igualdad en el acceso a servicios y tecnologías. La medida del representante Fernando Sanabria Colón surgió en respuesta al acelerado proceso de digitalización de servicios esenciales en el ámbito público y privado, lo que ha generado nuevos retos de accesibilidad para la población adulta mayor.

Para el legislador, esta población es la más vulnerable al rezago tecnológico, una barrera que se acrecienta en aquellos adultos mayores que carecen de acceso a recursos digitales.

“De este modo, se busca garantizar que ninguna persona adulta mayor sea discriminada o excluida del disfrute de servicios esenciales, ya sea en el ámbito público o privado, por razón de edad, desconocimiento tecnológico o falta de acceso a Internet o equipos digitales”, expresó Sanabria Colón.

Mientras tanto, el pleno acogió el informe final de la Resolución de la Cámara 227, que investigó la viabilidad de establecer un programa adicional de paradas de autobuses en zonas donde ubican centros de cuidado y complejos de vivienda para adultos mayores en la jurisdicción de San Juan.

En el reporte, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar reconoció que la transportación colectiva constituye un elemento esencial para garantizar la movilidad, independencia y calidad de vida de la población adulta mayor.

No obstante, también se identificaron áreas de oportunidad para adoptar legislación que establezca la responsabilidad de garantizar la instalación y mantenimiento de cobertizos adecuados, particularmente en aquellas jurisdicciones donde los municipios no hayan asumido dicha función.

La comisión legislativa, presidida por el representante Ricardo Ocasio Ramos, concluyó en su análisis que la implementación de nuevas paradas o rutas adicionales tendría “implicaciones significativas” desde el punto de vista fiscal y operacional.

El cuerpo legislativo se disponía a votar sobre el Proyecto de la Cámara 1115, pero el informe positivo fue retirado y devuelto a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales.

Avalan proyectos senatoriales

Mientras tanto, la Cámara dio paso al Proyecto del Senado 40, que pretende atemperar las disposiciones y delitos contenidos en la Ley de Explosivos a la Ley 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico.

También fue respaldado el Proyecto del Senado 42, que busca el mismo fin con la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba. En esta ocasión, las disposiciones de esta legislación se atemperarían tanto en el Código Penal, como en la Ley de Armas de 2020.

Entre otras medidas, los representantes favorecieron el Proyecto del Senado 613 con el objetivo de designar el Puerto Rico Health Information Exchange, adscrito al programa Medicaid del Departamento de Salud, como la entidad responsable de cumplir con los requerimientos establecidos por las agencias federales.

También aprobaron el Proyecto del Senado 661 a los fines de añadir integrantes a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas. Entre ellos, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el principal ejecutivo de Innovación e Información del gobierno; una persona del libre mercado que pertenezca al sector turístico; y una persona de una organización sin fines de lucro.

La Cámara reanudará sus trabajos de la sesión ordinaria el próximo jueves, 30 de abril, a las 11:00 de la mañana.