La Cámara de Representantes aprobó este jueves una medida de administración que propone establecer una contribución especial en el Código de Incentivos de Puerto Rico sobre los ingresos de intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo.

El representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que, al añadir esta sección, la legislación busca nivelar las oportunidades entre residentes locales y aquellos beneficiados por incentivos contributivos bajo leyes anteriores, como la Ley 60-2019.

Según el legislador, el Proyecto de la Cámara 501 corregiría una inequidad percibida en el tratamiento contributivo entre los residentes históricos de Puerto Rico y los individuos residentes inversionistas acogidos a decretos bajo la Ley 60 o la Ley 22-2012.

“Desde la óptica económica, la medida transforma un beneficio exclusivo en una opción universal, lo que puede ampliar el universo de agentes económicos que se benefician de un entorno fiscal competitivo sin eliminar los mecanismos de incentivos existentes que han sido útiles para atraer capital foráneo”, afirmó Charbonier Chinea en el informe positivo del proyecto.

El representante abundó que, por otro lado, la pieza crearía un incentivo estructural para la repatriación de capital, la atracción y retención de residentes económicamente activos, así como la promoción de inversión local. No obstante, señaló que su implementación requiere precisión en definiciones clave y la regla para determinar la porción de ganancia considerada de fuente de Puerto Rico.

También mencionó la necesidad de claridad en las normas de retención, reporte y documentación “para prevenir abusos y planificaciones fiscales agresivas que puedan erosionar la base contributiva sin generar actividad económica real”.

El informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó que este proyecto podría implicar una reducción en los recaudos del Fondo General de aproximadamente $132.3 millones durante el 2026, con proyecciones entre $134.8 millones y $141.2 millones para el período 2027-2030.

Asimismo, la dependencia advirtió que su estimado no incorpora efectos dinámicos que podrían atenuar el impacto fiscal tras identificar limitaciones de datos, la “volatilidad inherente” a ingresos por intereses y la necesidad de mayor granularidad para distinguir ingresos de fuentes de Puerto Rico.

En un memorial explicativo, el Departamento de Hacienda instó a considerar la propuesta legislativa en conjunto con el Proyecto de la Cámara 505, ahora Ley 38-2026, que aumentó a 4% la tasa contributiva sobre las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para futuros individuos residentes inversionistas.

Un reporte de la OPAL determinó que Ley 38 pudiera generar un aumento en ingresos al Fondo General de hasta $60.6 millones para el año fiscal 2027 por nuevos decretos, por lo que generaría los recaudos suficientes para cumplir con el requerimiento de neutralidad fiscal.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) también destacó en sus comentarios que la contribución especial es voluntaria y sustituiría otras cargas, lo que permitiría mantener un equilibrio entre incentivo y responsabilidad fiscal. Además, mencionó que la medida puede aumentar el cumplimiento voluntario y reducir la evasión, al ofrecer un mecanismo “atractivo y simplificado” para tributar ingresos pasivos que, de otra forma, pueden quedar sujetos a planificación fiscal agresiva.

La pieza legislativa recibió cuatro votos en contra de la delegación del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP) y la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

Otras medidas aprobadas

Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 883, que busca restituir la licencia de vacaciones a 2.5 días mensuales para los empleados del sector de salud pública con el propósito de mitigar las preocupaciones de agotamiento profesional que afectan a estos trabajadores.

La medida del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, declararía a estos empleados exentos de las disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017) que redujeron la acumulación en la licencia de vacaciones a 1.25 días mensuales.

El proyecto fue presentado por petición de la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyo presidente Edwin Méndez destacó que impactaría positivamente a unos 3,600 empleados, alineándose con la política pública de la Ley 101-2022 que declaró la salud como un servicio esencial protegido contra “medidas de austeridad extremas”.

El pleno también dio paso al Proyecto de la Cámara 344, que propone la creación de cursos en el Departamento de Educación que permitan a los estudiantes certificarse como apoyo en la prevención de la violencia de pareja. La medida es impulsada por los representantes José “Che” Pérez Cordero y Odalys González González.

Entre otras medidas aprobadas está el Proyecto de la Cámara 871, una medida de La Fortaleza que propone enmendar la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, a los fines de establecer que el plazo de notificación de la excarcelación o cambios de estatus del ofensor será dentro de 24 horas laborables.

También fue refrendado el Proyecto de la Cámara 1047, impulsado por el representante Félix Pacheco Burgos, con el fin crear el Programa de Reconocimiento Honorífico e Identificación Oficial para los miembros de los cuerpos de auxiliares de la Policía de Puerto Rico.

La Cámara también avaló mediante el mecanismo de descargue la Resolución Concurrente de la Cámara 44, que designa la Sala de Primera Ayuda de la Asamblea Legislativa, ubicada en El Capitolio, con el nombre del fenecido Dr. Miguel Ángel Talavera Ruiz.

La medida presentada este jueves por la mayoría parlamentaria reconoce los 33 años de servicios médicos que ofreció Talavera Ruiz en la Asamblea Legislativa. Todas las delegaciones políticas se unieron como coautores de la resolución.

Mientras, el cuerpo favoreció el Proyecto del Senado 41 para enmendar la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular a los fines de atemperar sus delitos al Código Penal; y la Resolución Conjunta del Senado 112 para autorizar al Municipio de Sabana Grande a utilizar los fondos asignados mediante la Resolución Conjunta 24-2020 para el desarrollo de un proyecto de asistencia médica a personas indigentes.

De igual forma, el pleno acogió el primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 40; el informe final de la Resolución de la Cámara 136; y el informe final de la Resolución de la Cámara 513.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos de la sesión legislativa hasta el lunes, 14 de septiembre, a la 1:00 de la tarde.