El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge R. Rivera Rueda, presentó hoy ante la legislatura varias recomendaciones técnicas al Proyecto del Senado 717, que propone enmendar el Código Electoral de Puerto Rico.
“Estas recomendaciones no buscan alterar el espíritu ni los objetivos del proyecto, sino complementarlos desde la experiencia técnica y administrativa de la comisión, que es la entidad responsable de ejecutar las fases del calendario electoral”, expresó Rivera Rueda durante su ponencia.
Durante el inicio de las vistas públicas, el presidente destacó que las sugerencias presentadas buscan mejorar la implementación práctica de la ley, garantizar la viabilidad operativa de sus disposiciones y fortalecer la certeza de los procesos electorales. Explicó que toda revisión al Código Electoral debe sustentarse en tres pilares fundamentales: la integridad del proceso electoral, la capacidad operativa de la comisión y la accesibilidad del elector.
“Cualquier cambio debe garantizar que cada voto se emita y se contabilice correctamente, que los términos sean razonables para la programación de los sistemas y que los electores puedan ejercer su derecho al voto sin obstáculos logísticos”, sostuvo.
Entre las recomendaciones presentadas se incluye mantener la figura de la Junta de Asesores de OSIPE, con la participación de un miembro designado por cada comisionado electoral propietario y uno nombrado por el presidente de la CEE, quien presidiría el cuerpo con derecho a voz, pero sin voto. Asimismo, la CEE propuso enmendar el Artículo 3.7 para disponer que todas las decisiones finales de la comisión sean notificadas electrónicamente a los Presidentes y Presidentes Alternos, Comisionados, Comisionados Alternos locales y publicadas en la página web de la agencia.
En cuanto a las listas impresas de votantes, recomendó mantener una lista por colegio de votación, en lugar de una por Junta de Unidad Electoral, para evitar dilaciones si fallan los equipos electrónicos. Otra sugerencia busca flexibilizar las reuniones de las Comisiones Locales, eliminando la restricción de que deban celebrarse en la segunda semana del mes. De aprobarse, se requeriría que se reúnan al menos una vez al mes, de forma ordinaria.
Para controlar el gasto público, planteó que las 40 Juntas de Inscripción Permanente (JIP) operen con personal ya asignado por los partidos políticos, lo que evitará aumentos en la nómina. El presidente del organismo electoral también recomendó que los formularios para el voto ausente y adelantado estén disponibles 180 días antes del evento electoral, de modo que los electores y funcionarios dispongan del tiempo necesario para completar los procesos.
Sobre el voto adelantado de electores mayores de 55 años, Rivera Rueda acogió positivamente la ampliación de esa modalidad, pero sugirió que los centros designados no sean las Juntas de Inscripción Permanente, por razones de espacio y carga operativa. En su lugar, propuso que el proyecto disponga que los centros se establezcan en coordinación con el gobierno central o los municipios, en instalaciones libres de costo que cumplan con los requisitos de accesibilidad, estacionamiento y seguridad.
“Esta colaboración intergubernamental permitiría asegurar que cada precinto tenga un lugar adecuado para recibir a los electores que opten por el voto adelantado. Así, ampliamos la participación sin comprometer la viabilidad operativa ni la seguridad del proceso”, explicó el juez.
Finalmente, Rivera Rueda recordó el compromiso de la Comisión con el fortalecimiento de la democracia mediante procesos electorales confiables y accesibles. “Cada mejora técnica y cada ajuste operativo son pasos hacia una democracia más sólida y participativa. Nuestra responsabilidad es garantizar la pureza electoral, la igualdad en el sufragio y la correcta administración de los procesos conforme a la ley”, concluyó.
