El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) indicó en una vista pública de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Energía y Planificación que actualmente en Puerto Rico hay 29 vertederos o sistemas de relleno sanitario (SRS), de los cuales 11 solamente cumplen con la reglamentación ambiental estatal y federal.
Los 18 vertederos restantes no están en cumplimiento ambiental. De estos, 11 tienen orden de cierre de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y son Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja.
El presidente de la Comisión, Víctor Parés Otero, celebró la audiencia como parte de la Resolución 1339, que ordena investigar y evaluar urgentemente el proceso de cierre de varios vertederos en Puerto Rico, las alternativas para proceder con la disposición de desperdicios sólidos una vez se cierren; así como el estatus de asignación de fondos federales para atender la situación, entre otros fines.
En el 2018 la Ley Presupuestaria Bipartidista del Congreso de los Estados Unidos confirió a la EPA $40 millones mediante subvención económica para el manejo de desperdicios peligrosos y desperdicios sólidos en Puerto Rico. Según se informó, al presente, esta subvención o grant se está trabajando en conjunto por el DRNA y la EPA.
“Estamos indagando qué ocurre cuando la EPA ordena el cierre de un vertedero, y qué acciones toma el Estado o los municipios como medida para disponer de los desperdicios sólidos que se depositaban en esa facilidad. Vamos a estar citando a los alcaldes y a la EPA, ya que según se ha dicho en esta vista, se estima que cerca del 67% de los vertederos cerrarán entre el 2022 y el 2025”, expresó Parés Otero.
“Hay que buscar acciones concretas y apremiantes ante la situación existente hoy, con los vertederos. No podemos continuar en un limbo, hay que ejecutar política pública e imponer consecuencias”, puntualizó el legislador.
Tanto la licenciada Laura Díaz, asesora legal del DRNA, como la gerente del Área de Calidad y Terrenos de la agencia, María Coronado, enfatizaron que a la situación con los vertederos se suma el hecho que los huracanes Irma y María generaron más de 8 millones de yardas cúbicas de escombros, los cuales terminaron siendo depositados también en los vertederos, “por lo que la vida útil de estos se redujo entre dos años y medios y tres años”.
Sobre el proceso que deben seguir los SRS con orden de cierre, las funcionarias del DRNA dijeron que no será de forma simultánea, ya que cada instalación deberá someterse a un proceso establecido. Mencionaron que uno de los factores a considerar son los costos millonarios asociados con el proceso de cierre, ya que debido a la situación económica de los municipios, se entiende enfrentarán dificultades para completar dichos cierres.
Por su parte, el exsecretario del DRNA y expresidente de la Junta de Calidad Ambiental, Daniel Pagán, dijo que “en vista de la inacción de las Administraciones de Gobierno subsiguientes al 2000 y de la limitada fiscalización de parte de la Junta de calidad Ambiental (JCA) en los pasados ocho años, la EPA ha ocupado el campo de trabajo tomando la iniciativa de establecer órdenes de cierre unilaterales para múltiples facilidades de SRS en Puerto Rico”.
Pagán aseguró que los 18 vertederos o el 67% de la capacidad de ellos poseen una vida útil muy limitada que no sobrepasan los cinco años. “En otras palabras, lo que se encontró fue que para el 2021 y 2022 se requerirá en particular para el corredor norte de nuestra isla, un sistema que permita manejar 3,000 toneladas de residuos sólidos por día, sector donde se encuentra la más alta densidad poblacional”, dijo.
“Esta realidad le pone a la administración de turno un reto adicional pues requiere la implantación de estrategias de manejo de residuos sólidos concertadas ambientalmente adecuadas y costo efectivas de forma urgente, pues ninguna de la infraestructura requerida se construye en menos de 24 a 36 meses”, añadió Pagán, quien ofreció en su ponencia una serie de recomendaciones.
El Presidente de la Comisión, Parés Otero, adelantó que estará citando a los alcaldes y a la EPA para la próxima vista pública.
