El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, presentó la Ley Save Animals Through Operational Shelters (SATOS), una medida legislativa para establecer un nuevo programa federal de subvenciones y préstamos dirigido a fortalecer los refugios de animales, ampliar la atención veterinaria y mejorar la respuesta de emergencia para los animales en comunidades rurales.

“Cualquier persona que tenga una mascota, que haya visto animales abandonados en su comunidad o que, como yo, haya adoptado una mascota, sabe cuán profundamente los puertorriqueños se preocupan por los animales”, expresó el Comisionado Residente. “Nuestras comunidades quieren proteger a los animales y mantener seguros sus vecindarios, pero con demasiada frecuencia lo hacen con instalaciones obsoletas y recursos limitados. Mí legislación brindaría a los municipios y a las organizaciones sin fines de lucro las herramientas que necesitan para mejorar los refugios, ampliar la atención veterinaria y responder con rapidez cuando los animales están en peligro.”

“El municipio de Corozal comprende los problemas causados por las mascotas abandonadas, su reproducción descontrolada, el peligro que algunos de estos animales representan y el alto costo de manejar esta situación. En Puerto Rico, la ley exige que los municipios intervengan y asuman la responsabilidad por cada animal realengo; sin embargo, el gobierno central no asigna fondos para este fin. Apoyó la iniciativa del Comisionado Residente y considero que sería de gran ayuda para nuestro municipio,” expresó Luis A. García Rolón, alcalde de Corozal.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge ‘Georgie’ González Otero, expresó que “Agradecemos al comisionado residente Pablo José Hernández Rivera por esta iniciativa que atiende un problema grave de seguridad y salubridad en nuestros municipios”. Por su parte el vicepresidente de la entidad y alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, expuso la disponibilidad de la entidad para aunar esfuerzos con el fin de atender esta situación del bienestar animal a la mayor brevedad posible.

“Puerto Rico enfrenta retos urgentes en el bienestar animal, pero la oportunidad de lograr un cambio significativo está a nuestro alcance. Los refugios de animales en todo el país realizan una labor esencial con recursos limitados — protegiendo a los animales, apoyando a las familias y contribuyendo a comunidades más seguras y saludables. La aprobación de este proyecto de ley proveerá las herramientas críticas necesarias para ampliar servicios humanos, responsables y de alto impacto. Este es un momento de rendición de cuentas, compasión y acción. No podemos darnos el lujo de esperar; el momento de actuar es ahora,” expresó Maritza Rodríguez Rosario, de la Sociedad Protectora de Animales de Puerto Rico.

Esta legislación cuenta con el respaldo de Humane World for Animals, Humane World Action Fund, The Humane Society of Puerto Rico, Save a Sato, y Puerto Rico Animals.

ANTECEDENTES

Muchas comunidades rurales carecen de los recursos necesarios para mantener instalaciones seguras y modernas para el cuidado de animales, lo que provoca refugios sobrepoblados y limita el acceso a servicios veterinarios y de emergencia.

La Ley Save Animals Through Operational Shelters (SATOS) de 2025 establecería un nuevo programa federal de subvenciones y préstamos dentro del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para ayudar a gobiernos estatales, locales y tribales, así como a organizaciones sin fines de lucro, a construir, ampliar o modernizar refugios de animales, clínicas veterinarias, programas de esterilización y castración, operaciones de control animal y refugios de emergencia para animales, incluyendo financiamiento para equipos, vehículos y tecnología esenciales.

La Ley SATOS también autoriza subvenciones para asistencia técnica y capacitación, con el fin de ayudar a las entidades elegibles a planificar instalaciones, identificar fuentes de financiamiento, preparar solicitudes y fortalecer su capacidad administrativa. El programa estaría financiado con hasta $10 millones anuales y requeriría que el USDA rinda informes al Congreso cada dos años para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.