SANTIAGO (AP) — La Convención Constitucional de Chile concluyó el martes las últimas votaciones sobre el proyecto para una nueva Constitución que presentarán la próxima semana a los chilenos y que busca reemplazar la Ley Fundamental vigente impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990.
El proyecto debe ser aprobado o rechazado en un plebiscito de participación obligatoria el 4 de septiembre.
Inicialmente los 154 miembros de la Convención debían pronunciarse sobre cerca de medio millar de indicaciones, lo que estimaban tardaría unas tres jornadas, pero como la mayoría fueron retiradas, el trabajo se redujo a unas pocas horas el martes.
Finalmente, la Convención redujo de 499 artículos a menos de 390 luego de que la Comisión de Armonización ajustó el texto para hacerlo más coherente y mejor redactado.
La directiva de la Convención entregará el próximo lunes el texto propuesto al presidente Gabriel Boric, en una ceremonia en la que el mandatario firmará el decreto de convocatoria al plebiscito.
El mismo lunes se disolverá la Convención Constitucional y muchos de sus 154 miembros han declarado su intención de desplegarse por el país para explicar el contenido del texto que proponen para reemplazar a la Constitución vigente, impuesta por la dictadura en 1981, luego de un plebiscito desarrollado sin registros electorales.
El texto del borrador constitucional señala que “Chile es un Estado Social y democrático. Y además, es plurinacional, intercultural y ecológico”.
Entre los nuevos derechos, el texto reconoce la existencia de 11 pueblos originarios, propone dos sistemas de justicia, uno nacional y el otro para habitantes originarios, devolverles las tierras usurpadas, territorios indígenas autónomos; paridad de género en todos los órganos públicos y semipúblicos; derecho “a una vivienda digna y adecuada” e igual remuneración a un trabajo realizado por hombres o mujeres.
Los chilenos deberán votar “Apruebo” o “Rechazo” en el plebiscito. Si gana el “Apruebo”, muchas de las normas propuestas por la Convención deberán traducirse en leyes que concreten los artículos. Si se impone el “Rechazo” se abre un proceso de incertidumbre porque la oposición habla de modificar la Ley Fundamental en vigor, pero no hay propuestas que precisen qué proponen cambiar.
Una encuesta presencial del Centro de Estudios Públicos (CEP), la más respetada del mercado, de mediados de mes mostró un virtual empate técnico entre el “Apruebo” y el “Rechazo”, 25% y 27% respectivamente. Su investigador senior Aldo Mascareño dijo que las cifras más un 37% que se declaró indeciso, “muestra que no se han cumplido las esperanzas depositadas en el proceso constitucional”.
El ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, admitió el fin de semana que lo que “hemos visto es que hay una muy mala evaluación de lo que ha sido el proceso, de los convencionales y los episodios que han ocurrido, los que han tenido mucha repercusión mediática porque ha sido un proceso transparente”.
Otras dos encuestas semanales muestran una tendencia a favor del “Rechazo”. Por ejemplo, el estudio de Espacio Público mostró el domingo último que el rechazo subió cinco puntos en siete días, y lo situó en un 51%, mientras la intención de aprobar descendió un punto y quedó en 33%.
