El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), David E. González Montalvo, sometió mediante carta ante la consideración de la Junta de Control Fiscal (JCF) una situación que, de no atenderse, podría tener un impacto económico detrimental para la isla.
“La aprobación del Proyecto de la Cámara 2172 constituye un acto en retroceso y pone en peligro el interés de mejorar nuestra economía, restando transparencia a los procesos, limitando aún mas la fiscalización del Departamento de Hacienda, lo cual además aumenta el riesgo de no cumplir con la meta de recaudos. Además, es inconsistente con el Plan Fiscal. Puerto Rico solo podrá recuperar su estabilidad económica a largo plazo mediante la implementación de una política pública fiscal sólida y transparente”, advirtió González Montalvo en declaraciones escritas.
Alegó que esta medida establece que en el caso de individuos con un volumen de negocios menor de 750,000 dólares, pueden optar por someter junto a la planilla una certificación firmada por una nueva figura llamada “Contador Especialista” en lugar del Informe de Procedimientos Previamente Acordados o Informe de Cumplimiento preparado por un Contador Público Autorizado, según fuera establecido por la Ley 257 de 2018.
A la misma vez, según dijo González Montalvo, el proyecto establece que, para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2018, cuando el volumen de negocios sea de 3 millones de dólares o más, y no exceda 10 millones de dólares, el contribuyente podrá optar por someter un Informe de Procedimientos Previamente Acordados (“Agreed Upon Procedures”) o Informe de Cumplimiento (“Compliance Attestation”) realizado por un CPA, en lugar de estados financieros auditados.
“Siendo así, el requisito de acompañar estados financieros auditados con la planilla solo aplicaría a contribuyentes con volumen de ingreso de 10 millones de dólares o más, representando un incremento significativo del límite existente de 3 millones de dólares”, finalizó.
