La nueva contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, compareció ante la Cámara de Representantes durante la vista pública de presupuesto, donde defendió su solicitud de fondos para el próximo año fiscal, presentó los avances alcanzados en la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y delineó un plan de modernización institucional dirigido a fortalecer la eficiencia, la transparencia y el control interno.

Durante su ponencia, la funcionaria explicó que “la propuesta presupuestaria responde a una estrategia estructurada de transformación digital y administrativa, orientada a mejorar la capacidad operacional de la agencia”. Señaló que el enfoque principal está dirigido a optimizar procesos, reducir la dependencia de tareas manuales y fortalecer la trazabilidad de las operaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La Lcda. Vega Fournier juramentó el 21 de octubre de 2025.

Como parte de los esfuerzos de modernización, detalló iniciativas como la adquisición de una nueva sede y el desarrollo de proyectos tecnológicos dirigidos a robustecer la gestión institucional.

Asimismo, indicó que parte de los recursos solicitados responde a la necesidad de atender gastos relacionados con infraestructura, incluyendo la reubicación de la sede institucional. “Llevamos décadas pagando renta por dos edificios en la zona bancaria de Hato Rey, gastando anualmente $2.3 millones. Con esta iniciativa, se busca consolidar todas las operaciones en un solo edificio, lo que permitirá generar ahorros significativos y optimizar la eficiencia administrativa”, explicó. En ese sentido, se han solicitado $10,950,000 para la remodelación y traslado al edificio Empire Plaza Office Building en Río Piedras, con un costo total estimado del proyecto de $12,150,000, que incluye mejoras estructurales, equipos tecnológicos, mantenimiento, seguros y mudanza.

La contralora explicó que esta inversión busca reducir gastos recurrentes de arrendamiento y consolidar operaciones en una instalación propia o adecuadamente acondicionada, lo que contribuiría a una mayor eficiencia administrativa a largo plazo.

Además, destacó la importancia del desarrollo de una nueva página web que integrará el portal público y el interno. “Esto con el propósito de mejorar la accesibilidad, reorganizar la información y facilitar la interacción de los usuarios. Asimismo, contamos con un proyecto en curso para un sistema mecanizado de manejo de querellas y seguimiento de casos, que permitirá centralizar la información, automatizar procesos clave y mejorar los tiempos de respuesta”, sostuvo.

La contralora también resaltó el establecimiento de un portal educativo dirigido a empleados públicos, agencias y municipios, concebido como una herramienta preventiva para fortalecer el conocimiento en normas fiscales y promover una cultura de cumplimiento. Explicó que esta plataforma permitirá ofrecer cursos, seminarios y materiales de referencia en formatos sincrónicos y asincrónicos, además de integrar herramientas para el registro de participantes, seguimiento de progreso, certificaciones y generación de informes. Indicó que esta iniciativa busca ampliar el alcance de la capacitación gubernamental, reducir costos asociados a actividades presenciales y fomentar una aplicación más uniforme de las normas fiscales.

Otro de los componentes discutidos fue el desarrollo de una herramienta integral de gestión de riesgos, alineada con estándares de calidad, que permitirá identificar, evaluar y monitorear riesgos institucionales, así como generar reportes y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

En términos presupuestarios, la contralora detalló que la solicitud global de la Oficina de la Contralora asciende aproximadamente a $40.5 millones en gasto de nómina para el año fiscal 2026, dentro de un presupuesto operacional mayor que se presenta ante la Asamblea Legislativa como parte del proceso de aprobación fiscal. Comparado con años previos, la agencia ha experimentado un aumento en sus costos, particularmente asociado al crecimiento en el gasto de personal.

La funcionaria explicó que este aumento responde principalmente a ajustes en la plantilla de empleados, incrementos en la nómina, la necesidad de atender vacantes en áreas críticas, así como la implementación de proyectos estratégicos de modernización tecnológica, fortalecimiento de controles internos y expansión de capacidades institucionales. Añadió que estas inversiones están dirigidas a mejorar la eficiencia operativa, reducir riesgos, optimizar procesos y fortalecer la función fiscalizadora de la agencia.

Por otro lado, reiteró que las iniciativas presentadas forman parte de un proceso de transformación más amplio que busca fortalecer la capacidad de fiscalización de la OCPR, mejorar la eficiencia administrativa y promover una gestión pública más transparente y efectiva. La propuesta presupuestaria será evaluada por la Asamblea Legislativa como parte del proceso de aprobación del presupuesto del próximo año fiscal.

Por último, se reveló que por varios años existen contrato en reparo. “Ante preguntas relacionadas con contratos gubernamentales no registrados, es importante destacar que la obligación de remitir y registrar dichos contratos surge de la Ley Núm. 18 de 1975, según enmendada, la cual requiere que toda agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico someta copia de sus contratos a la Oficina de la Contralora para fines de fiscalización y transparencia.

El incumplimiento con este requisito constituye una deficiencia en el proceso administrativo y puede afectar la validez y el desembolso de fondos públicos. No obstante, la prestación de servicios bajo un acuerdo entre las partes no es automáticamente ilegal, aunque su cumplimiento y exigibilidad quedan sujetos a evaluación conforme a los hechos particulares y al marco legal aplicable, concluyó Vega Fournier.