La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, compareció el pasado 12 de junio ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el Hon. Víctor L. Parés Otero, para presentar la posición institucional de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) en torno al Proyecto del Senado 808 y los Proyectos de la Cámara 1263 y 1264.

La Contralora expresó que, aunque atienden asuntos distintos, las tres medidas inciden de forma directa y complementaria sobre la capacidad del Estado para fiscalizar, documentar y proteger el uso adecuado de la propiedad y de los fondos públicos.

Sobre el P. del S. 808, la OCPR respaldó la enmienda a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental que dispone que la determinación sobre la frecuencia de auditorías a dicha entidad recaiga en la discreción de la Contralora, conforme a los planes anuales de auditoría y con un término máximo de tres años. La Oficina había recomendado previamente que se reconociera expresamente esa discreción técnica para armonizar la medida con su mandato constitucional, y la Asamblea Legislativa acogió el lenguaje sugerido.

Vega Fournier indicó que el proyecto logra un balance adecuado entre la política pública de garantizar la fiscalización periódica y la necesidad de permitir una planificación estratégica basada en criterios de riesgo, disponibilidad de recursos y atención oportuna a situaciones relevantes.

En cuanto al P. de la C. 1263, la Contralora favoreció la propuesta para enmendar la Ley Núm. 9 de 1952 con el fin de fortalecer los mecanismos para asegurar la comparecencia de testigos y la entrega de información. La medida permite que el tribunal imponga costas y honorarios de abogado cuando determine que ha mediado conducta frívola o temeraria en la incomparecencia, y amplía el universo de personas obligadas a colaborar para incluir a entidades privadas que administren fondos o propiedad pública.

Vega Fournier explicó que la falta de entrega oportuna de información es uno de los principales retos en las auditorías, y que aunque la Ley 37-2004 ya tipifica como delito grave la obstrucción, su activación depende del sistema penal y ha sido de uso muy excepcional. El nuevo remedio civil, señaló, no sustituye el marco penal sino que lo complementa, al proveer una herramienta ágil que puede activarse durante la auditoría para fomentar la colaboración y evitar dilaciones que afectan la detección oportuna de irregularidades.

Respecto al P. de la C. 1264, la OCPR respaldó el propósito de establecer una plataforma uniforme para la creación, formalización y registro de contratos gubernamentales como un paso de modernización y transparencia. La Contralora reconoció que la contratación pública es una de las áreas de mayor sensibilidad y que un sistema que permita la trazabilidad desde el origen representa un avance en fiscalización preventiva.

A la vez, advirtió que su implantación requiere un proceso planificado y gradual, capacitación del personal, interoperabilidad con los sistemas existentes, particularmente los de la Administración de Servicios Generales, y consideración de las realidades operacionales de los municipios y demás entidades. También planteó la necesidad de evaluar los términos actuales de presentación de contratos ante la OCPR a la luz de la integración temprana que permitiría la plataforma.

La Contralora concluyó que las tres iniciativas, consideradas en conjunto, responden a una misma visión de fortalecimiento institucional, donde la planificación estratégica de auditorías, el acceso efectivo a evidencia y la organización de la información contractual se refuerzan mutuamente.

La OCPR reafirmó su compromiso con toda iniciativa que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y la sana administración pública, y reiteró su disposición de colaborar con la Asamblea Legislativa en el perfeccionamiento de las medidas.

“Construimos confianza desde la verdad, la educación y la prevención; demostrando integridad en cada acción y protegiendo los recursos del Pueblo”, afirmó Vega Fournier.